La Auditoría acusa a Pemex de negligencia en su sistema contra el huachicoleo
Los fallos en la implementación del sistema de vigilancia remota de la red de poliductos de Pemex provocaron que el robo de combustibles, el llamado huachicol, se disparara en los últimos años, pese a realizarse inversiones de casi 3,100 millones de pesos (mdp) para combatirlo. Estas son las conclusiones sobre este tema de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su tercera entrega de la Cuenta Pública de 2017.
“No se cumplieron los objetivos principales de la contratación: mitigar los riesgos en la operación de ductos a través de aplicaciones avanzadas para detectar y localizar oportunamente eventos de pérdida de contención de hidrocarburos, ni se logró coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles”, dice la ASF.
Pemex contrató la instalación de 379 sitios para colocar el llamado sistema de control y adquisición de datos (SCADA por sus siglas en inglés), que ayuda a detectar los cambios de presión en su infraestructura de transporte de petrolíferos, para saber si tiene fugas o le están robando . El proyecto se planteó 1998, pero hasta 2010 no se presentó el primer caso de negocios, y hasta 2014 no se otorgó el contrato.
Sin embargo, los servicios de este sistema se han visto mermados, debido a que 170 de los sitios donde se instaló tienen diferentes deficiencias que impiden la operación. “Se puede concluir que la carencia de mantenimiento, reparación, controles, regulaciones, seguridad física y monitoreo del sistema SCADA, así como la falta de conclusión de la instalación de todos los sitios programados, propició el incremento del número de tomas clandestinas, así como la falta de oportunidad para detectar eventos de pérdida de presión en la red de ductos para el transporte de hidrocarburos”, sentencia la Auditoría.
La ASF asegura que la deficiente planeación de Pemex elevó el gasto estimado para la instalación de esta infraestructura de 77 a 157 millones de dólares (mdd), un aumento de 102%.
Los ataques a la red de ductos de Pemex se han disparado desde 2010, al pasar de 691 detectados a más de 14,000 en 2018. Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó su mandato con una nueva estrategia para frenar el robo de combustible, que cuesta a Pemex cerca de 60,000 millones de pesos anuales.