¿Qué puede hacer el gobierno?
La división de Telmex en dos empresas también es conocida como separación funcional. Que este asunto llegué al presidente López Obrador puede analizarse desde el punto de vista laboral y no que directamente el presidente puede incidir en la orden que dio el IFT.
“(El presidente) no tiene las facultades para anular la separación funcional, pero sí existen otros mecanismos: el sindicato puede argumentar que ya se han vistos lesionados sus derechos por no recibir reparto de utilidades y que la separación funcional va a lastimar los ingresos de la empresa”, explica Sandra Rodríguez, directora de Jurídica en Telecomunicaciones.
El representante sindical señala que se han interpuesto cuatro amparos contra el proceso, pero el IFT no ha dado marcha atrás en su decisión. El órgano regulador no estuvo disponible para dar mayores detalles del caso.
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“El objetivo final es que esto pudiera entrar en un tribunal o que el Poder Judicial contraviniera la parte de la medida regulatoria, porque el presidente, es muy claro en la ley, no podría hacer algo porque no depende de él ejecutar la política de competencia económica de las telecomunicaciones”, explica Jesús Romo, director de Telconomia. “La ruta laboral es la que nos lleva a un a un eventual conflicto jurídico”, agrega.
Los especialistas coinciden con el sindicato en que se desconoce la efectividad de la medida para mejorar la competencia. “No hay un estudio de qué se quiere lograr (con la separación funcional) ni cuándo se obtendrá. El sindicato tiene elementos para demostrar que la separación funcional no es la mejor alternativa para incrementar la penetración de banda ancha”, indica Jorge Bravo, director general de Digital Policy & Law.
América Móvil, que se apega a los ordenamientos del IFT para este proceso, no ofreció comentarios para esta nota.