Las últimas decisiones regulatorias del gobierno, impulsadas de la Secretaría de Energía (Sener) que lidera Rocío Nahle, “olvidaron” tomar en cuenta los efectos negativos que tendrán para el avance de las energías renovables en el país, poniendo en riesgo derechos humanos como la sustentabilidad, el medio ambiente y la salud, dice la organización ambientalista Greenpeace.
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“Si tomas en cuenta los tres mandatos, el de sustentabilidad, el de usar energías renovables para generar electricidad y el de disminuir las emisiones contaminantes del sector eléctrico, los tres fueron ignorados por las autoridades”, dice Luis Miguel Cano, abogado consultor de la organización.
Un juez federal especializado en materia de competencia económica otorgó una suspensión provisional dentro de un amparo promovido por Greenpeace en contra de la política de confiabilidad de Sener, publicado el 15 de mayo, y otro publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el 29 de abril.
Las autoridades argumentan que estas medidas buscan poner un “orden” en el ingreso de las centrales eléctricas en el país y evitar fallas en el sistema eléctrico por la caída de la demanda causada por la epidemia de la COVID-19.
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Pero el sector privado, analistas y asociaciones han visto este movimiento como una táctica del gobierno para desplazar a las centrales privadas y favorecer a las de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El grupo ambientalista acusa que este desplazamiento de proyectos renovables puede incrementar el uso de centrales convencionales, que incluye desde hidroeléctricas hasta las que queman combustóleo.
“Esta suspensión es para que el acuerdo y la política, todo, no surta efecto. Y no solo en lo que toca a Greenpeace. No pueden hacer ya nada las autoridades ¿Esto acaba beneficiando a las empresas? Pues sí, pero lo que pedimos es que beneficie a todo el país”, dice Cano.
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La ONG no pretende proteger a los proyectos renovables per se, y recalca que apoya a varias demandas sociales frente a algunas centrales, donde las comunidades acusan que se han visto violentados sus derechos.
“No podemos dejar pasar esta política de confiabilidad y el acuerdo del CENACE porque, si lo hacemos, cuando peleemos por los proyectos comunitarios de electricidad simplemente nos van a decir que no son confiables, y nunca jamás nos los van a permitir”, dice el activista.
El juzgado analizará si otorga la suspensión definitiva en una audiencia el jueves. De darse, se mantendrá este freno contra la aplicación de estos dos acuerdos en lo que dure el procedimiento, lo que puede demorar años.
“En este último supuesto, los sujetos obligados en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, deberán abstenerse de cumplir con las obligaciones generales y particulares del acuerdo reclamado”, dice el segundo juzgado en materia de competencia económica, en el acuerdo publicado este viernes.
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El juez determinó frenar tanto la aplicación de esta política, como del acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el 29 de abril. La suspensión provisional del juzgado prevé entonces que deben detenerse todas las acciones de las autoridades dirigidas a activar estos mecanismos, que han causado malestar y polémica tanto en el sector de las renovables, como en general entre la iniciativa privada.
“Es importante precisar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables”, dice el juzgado, dentro del juicio de amparo número 104/2020 promovido por Greenpeace.
Las modificaciones a las reglas sobre la operación del mercado eléctrico, empujadas desde la Secretaría de Energía (Sener), perjudican a todos menos a la CFE. Según empresas, asociaciones y analistas consultados por Expansión, los cambios amenazan no sólo a las inversiones de empresas que apostaron por el desarrollo de las energías solar y eólica en México, sino a todas las inversiones del sector privado, además de los usuarios industriales, comerciales e incluso a los pequeños consumidores.
