El acuerdo publicado en 2018, y que busca abrogar la CRE, tenía como finalidad agilizar los procesos relacionados con el mercado eléctrico.
Ahora, lo que busca la Comisión es que esta acción recaiga de nuevo en el pleno del organismo, conformado por sus siete comisionados.
Hace una semana se dio a conocer un memorándum mediante el cual Miguel Ángel Rincón, el secretario ejecutivo de la Comisión, solicitaba a determinadas áreas abstenerse de resolver los procesos relacionados con modificaciones del mercado eléctrico.
Empresas y participantes del sector han dado a conocer que existe una parálisis en la emisión de permisos de generación eléctrica y en la modificación de estos. Incluso algunas centrales eléctricas –principalmente renovables– han visto afectado su inicio de operaciones.
De aprobarse la exención de MIR, la CRE no demostrará cuál es el impacto de la regulación y las opiniones de los regulados tampoco podrán tomarse en cuenta para modificar el acuerdo.
La CRE también busca abrogar el acuerdo A/074/2017, mediante el cual los titulares de las unidades de gas natural, de gas licuado de petróleo y de petrolíferos podían aprobar o negar autorizaciones para la suspensión de servicios de las actividades que regulan.
La administración federal ha vuelto recurrente el fast track en la aprobación de nuevas reglas o modificaciones a regulaciones. Hace un par de semanas la CRE publicó un acuerdo para prohibir la adhesión de nuevos socios a contratos de cogeneración y autoabastecimiento sin que el proceso concluyera el proceso de mejora regulatoria y bajo la exención de MIR.
También en mayo la Secretaría de Energía publicó la ‘Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional’, una de las medidas más controversiales de la actual administración y que contiene una serie de medidas que impactan la operación de las plantas de energía renovables, bajo el mismo procedimiento de vía rápida.
