Con la obtención de este amparo, las medidas contenidas en ambos documentos quedan sin total validez. Es decir, nada de lo contenido podrá ser llevado a cabo por los organismos encargados de la política energética en el país.
El juzgado resolvió que el acuerdo del Cenace no es válido, pues las medidas contenidas en el documento debían de haber sido publicadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el organismo regulador del mercado eléctrico. En cuanto a la política de confiabilidad, ésta quedó sin validez debido a que la Sener no siguió todos los procedimientos de mejora regulatoria y la publicó vía fast track en el Diario Oficial de la Federación.
Greenpeace presentó la solicitud de amparo desde el 25 de mayo pasado, bajo el argumento de que las medidas del gobierno federal atentan en contra del derecho humano a un medio ambiente sano.
“Nosotros nos alejamos de los intereses de las empresas. No presentamos argumentos de competitividad, como las empresas, ellas alegan que les cierran el mercado, intereses comerciales, cierre de inversiones. Nosotros apelamos al derecho humano a un medio ambiente sano”, dijo María Colín, abogada de Greenpeace, en una entrevista reciente.
El gobierno federal publicó ambas medidas al inicio de la pandemia por coronavirus en el país, bajo el argumento de que las plantas renovables vulneran la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en medio de un momento crucial, como lo fue la emergencia sanitaria.
La publicación también se dio después de que el gobierno federal se quejó de manera constante del impacto que han tenido las nuevas centrales en el funcionamiento del sistema eléctrico y en la participación de mercado de la CFE en el mercado de generación.
Entre otras cosas, el acuerdo de Cenace suspendía las pruebas pre operativas necesarias para la entrada en operación de nuevas centrales eólicas y solares.
La política de Sener iba más allá, el organismo máximo encargado de la política energética pretendía dar más atribuciones a la CFE y modificar el orden en que las centrales despachan energía a la red eléctrica, para así favorecer a las plantas de la empresa eléctrica nacional.
Greenpeace también presentó una solicitud de amparo para detener el Programa Sectorial de Energía, que también contempla un mayor uso de combustibles fósiles. Pero hasta ahora, aún no existe una resolución final al respecto.
