Estas organizaciones iniciaron una batalla legal contra la política energética

Dentro de todos estos juicios de amparo, destacan el de tres organizaciones ambientalistas que han decidido comenzar una batalla legal y han logrado frenar las últimas medidas del gobierno federal en materia eléctrica, que han sido criticadas por asociaciones y especialistas por considerar que dificultan la operación y puesta en marcha de nuevas centrales renovables y privilegian a las que funcionan mediante combustibles fósiles.

Greenpeace, Defensa Colectiva y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han obtenido por separado tres suspensiones definitivas para que las medidas no sean aplicadas en el mercado eléctrico, al menos durante el tiempo que un juez en competencia determine si concederá o no el amparo a las organizaciones.

La primera organización en obtener un revés a las medidas fue Defensa Colectiva, una organización civil fundada por miembros del despacho Rincón Mayorga Román Abogados y que, entre otras cosas, litigan en defensa del medio ambiente y los derechos de consumidores.

Fue en junio pasado que el primer juzgado especializado en materia económica y telecomunicaciones otorgó la primera suspensión definitiva al grupo que espera su audiencia constitucional en enero próximo.

La Sener y el Cenace han presentado dos recursos, uno de queja y otro de revisión, en contra del amparo presentado por la asociación civil. El primero, que fue puesto para dar revés a la admisión de la demanda en un juzgado de competencia, ya fue declarado como infundado por un tribunal. En tanto, el segundo que tiene como finalidad invalidar la suspensión de todas las medidas, aún no ha sido resuelto.

El amparo promovido por Defensa Colectiva y el resto de las asociaciones tendría un impacto de manera general, es decir, todos los participantes del sector podrían acogerse a las medidas.

“Lo que nosotros estamos argumentando es que se está violando el derecho al medio ambiente sano (...). (De ganarse el amparo) beneficiaría a todas las empresas que quieran interconectarse al sistema eléctrico nacional, incluso a las empresas que no han tramitado su amparo”, dice César Rincón Mayorga, uno de los fundadores de Defensa Colectiva.

En su estrategia las tres organizaciones tienen un argumento en común: todos consideran que las últimas medidas del sector no ayudarán a que México cumpla con objetivos en materia de sustentabilidad a los que se comprometió en tratados internacionales y en leyes nacionales como la Ley de transición energética.

Hacia 2024 y como parte del Acuerdo de París, México se comprometió a generar el 35% de su electricidad vía centrales renovables. Hasta febrero pasado, de acuerdo con información recopilada por la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), sólo el 23.4 por ciento de la electricidad provenía de fuentes limpias.

“Estamos avanzando en sentido contrario al cumplimiento de estas metas, aunque sí teníamos un retraso considerable, ahora con esto se pone un freno o reversa total, el 90% de los esfuerzos se van hacia las fuentes fósiles y al combustóleo”, dice Anaid Velasco, abogada del Cemda.

“Nosotros lo hicimos (presentaron el amparo) porque creemos que esto es parte de una política en donde se están privilegiando de manera errónea a la generación a través de combustibles fósiles, así se viola el derecho al medio ambiente sano”, completa la abogada.

Cemda planeó en conjunto con Greenpeace una estrategia legal para obtener un amparo en contra de las acciones de Sener y Cenace. Ambos organismos, por separado, obtuvieron una suspensión definitiva de las medidas y están en espera de una audiencia constitucional en octubre próximo.

La audiencia es el paso previo para que el juez determine de fondo el asunto y determine si otorga o no el amparo definitivo.

Greenpeace ha ido más lejos: la organización obtuvo una de las primeras suspensiones definitivas para frenar las medidas y hace unos días obtuvo una suspensión provisional en contra de lo establecido en el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024.

En dicho documento, la Sener reconoce que la política eléctrica se basará en el objetivo de que la CFE retome su papel protagónico en el sector, lo que involucra una reducción en el uso de plantas renovables y un aumento de combustibles fósiles, como el combustóleo.

“Nosotros nos alejamos de los intereses de las empresas. No presentamos argumentos de competitividad, como las empresas, ellas alegan que les cierran el mercado, intereses comerciales, cierre de inversiones, nosotros apelamos al derecho humano, el derecho al medio ambiente sano”, dice María Colín, abogada de Greenpeace.

“Las empresas que han desarrollado energía con el sol o con el viento también han generado afectaciones a los derechos humanos en comunidades, los casos emblemáticos están en Oaxaca y en Yucatán”, asegura.

Las organizaciones dicen tener los argumentos suficientes para obtener el amparo definitivo. Sin embargo, estiman que esa resolución aún tardará entre seis meses y un año.