El sector energético anticipa una ola de amparos por la iniciativa presidencial

“(La iniciativa) está mal estructurada desde el punto legal, lo hicieron al revés. Primero intentaron modificar de lo particular a lo general, que es la constitución. En la medida que no hagan cambios constitucionales no van a poder implementar los cambios que quieren y lo más probable es que (las empresas y las organizaciones) tengan un respaldo favorable”, dice Bernardo Cortés, del despacho Dentons López Velarde.

Hasta ahora, los juzgados especializados en competencia han detenido de manera provisional o definitiva algunos de los cambios regulatorios presentados por la actual administración, como el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de abril del año pasado, que buscaba cambiar el orden de despacho de las centrales eléctricas. O la política de confiabilidad de Secretaría de Energía (Sener), que daba más facultades a la estatal CFE.

Las compañías privadas han argumentado una violación al derecho a la competencia y las organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, han recurrido a la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano para parar los cambios en el mercado eléctrico.

Y los juristas especializados aseguran que la iniciativa privada y las organizaciones podrían recurrir a argumentos similares para detener la nueva medida, que deberá ser discutida –y en su caso aprobada– en los siguientes 60 días por ambas cámaras.

Aunque para una nueva batalla legal, dicen, los argumentos deberán subir de nivel.

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Los detractores de la medida impulsada desde la presidencia también argumentan que ésta viola el principio de no retroactividad de las leyes, bajo lo cual las nuevas regulaciones no podrán ser aplicadas hacia las acciones del pasado.

La iniciativa preferente enviada desde presidencia propone cambiar las reglas hacia las inversiones hechas con anterioridad, sobre todo aquellas surgidas de la reforma energética.

Por ejemplo, busca modificar la forma en que se emiten los Certificados de Energía Limpia (CEL) para que estos puedan ser entregados a algunas de las centrales de la estatal CFE. Hasta ahora, estos son sólo para nuevas plantas que utilicen energías renovables.

También propone dar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el regulador del mercado, la facultad de cancelar algunos permisos en operación.

Los tratados internacionales, otro obstáculo para las nuevas medidas

Las medidas propuestas desde presidencia podrían convertirse en un nuevo elemento de tensión comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El mes pasado y sólo una semana antes de dejar el poder, el gobierno del entonces presidente Donald Trump envió una misiva a la administración mexicana en la que reclamó la incertidumbre jurídica generada por las acciones encaminadas a fortalecer a las estatales Pemex y CFE.

El documento fue precedido por al menos dos cartas enviadas por la Unión Europea y Canadá durante el año pasado en las que exhortaban al gobierno mexicano a tomar medidas para garantizar las inversiones hechas tras la apertura del mercado.

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Y la nueva iniciativa preferente podría sumar nuevas tensiones a las relaciones comerciales. La razón: la modificación de las reglas cambiarían las condiciones bajo las cuales las inversiones extranjeras llegaron al país.

Por ejemplo, el proyecto de ley busca cambiar el orden en que se despacha la energía eléctrica. Hasta ahora, las primeras en entrar al sistema son las centrales renovables debido al bajo costo de generación. Pero la iniciativa busca enviar a estas y al resto de las plantas propiedad de privados al final de la fila, para dar prioridad a las centrales de la estatal CFE.

“Tienes que garantizar a las compañías el nivel mínimo de acceso que tenían en el momento en que el acuerdo entró en vigor, cuando ya estaba la reforma energética (...). Los socios comerciales podrían alegar una expropiación indirecta, pues el valor que tenía tu inversión desaparece con los cambios legales y regulatorios”, dice Kenneth Smith, uno de los negociadores principales del T-MEC.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en el acuerdo comercial México ha asegurado su propiedad sobre los hidrocarburos y su libertad de modificar la constitución en lo referente al sector. Pero los especialistas del sector aseguran que esa libertad es muy limitada, pues todas las modificaciones deberán ir encaminadas a cumplir con el resto de lo estipulado en el tratado.

“Cualquier país que firmó el T-MEC puede modificar su constitución, pero el tratado está prácticamente al mismo nivel de la constitución y no se pueden hacer modificaciones que echen para atrás el acceso que ya diste al mercado eléctrico con el tratado”, explica Smith vía telefónica.

Entre otras cosas, México se ha comprometido a no dar un trato preferencial a las empresas estatales o nacionales. Pero hasta ahora la administración obradorista a buscado a toda costa beneficiar a las estatales Pemex y CFE en busca de regresarles el protagonismo y el poder de mercado que tenían hasta antes de la apertura del sector.