El lunes pasado el Congreso mexicano recibió una iniciativa preferente –que deberá ser resuelta en los próximos 60 días– para modificar algunas de las reglas impuestas en el mercado eléctrico con la reforma energética y propiciar un cierre en el mercado para que la empresa estatal aumente su participación en la generación eléctrica.
Entre otras cosas, el presidente ha pedido modificar el orden de despacho en que se sube la energía eléctrica al sistema, para poner en primer lugar a las hidroeléctricas y centrales propiedad de la CFE, y dejar al final de la fila a las plantas renovables y ciclos combinados de la iniciativa privada.
El presidente mexicano ha afirmado que, en el tratado comercial, México ha asegurado su soberanía en el sector y su facultad para modificar su constitución en los temas relacionados.
Pero los especialistas y negociadores del acuerdo aseguran que el país no puede cambiar las reglas para cerrar el mercado ya abierto con la reforma energética y prevén una ola de amparos ante juzgados mexicanos y recursos legales ante tribunales internacionales si la iniciativa es aprobada.
"Lamentablemente, esta medida es la última en un patrón de decisiones preocupantes adoptadas por el Gobierno de México que han socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el momento preciso en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México”, dice la Cámara de Comercio.
Las declaraciones del organismo estadounidense se dan días después de que el gobierno estadounidense del expresidente Donald Trump envió una misiva a la administración mexicana para reclamar sobre los últimos cambios en el sector.
Los cambios recurrentes en el sector podrían sumar tensiones a la relación comercial con la recién llegada administración del demócrata Joe Biden.
Los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea también han exhortado su preocupación referente a los cambios continuos en el sector energético para beneficiar abiertamente a las estatales Pemex y CFE.
