A diferencia de las anteriores modificaciones, la iniciativa del ejecutivo en el mercado de hidrocarburos no viola derechos colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano o a la salud. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) o la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, publicada en mayo pasado, tenían como finalidad aumentar el uso de combustibles fósiles en el proceso de generación eléctrica, lo que atenta a la integridad de la población, pero la última iniciativa del ejecutivo, en apariencia, no transgrede estos derechos fundamentales.
También es más difícil demostrar que viola el derecho a la competencia, pues si bien el presidente ha emprendido estos cambios para favorecer a la estatal Pemex, en las modificaciones esta finalidad no se hace del todo evidente, dicen las fuentes.
Las organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, se han convertido en pieza clave dentro de los procesos para revertir los cambios para favorecer a la estatal CFE, con una batalla legal basada en la defensa al derecho humano a un medio ambiente sano. Pero, ahora que la última reforma no atenta a ninguno de los derechos fundamentales, la empresas quedarán solas en la búsqueda por revertir las nuevas reglas que están en espera de ser aprobadas.
Así, dicen los abogados del sector, los esfuerzos por detener las medidas que afectan principalmente a los importadores y comercializadores de combustibles irán encaminadas más hacia lo individual.
“(La defensa) será más especializada y más detallada y eso lo volverá más complicado desde luego. Aquí el tema importante es que aducir a un derecho colectivo, como libre competencia o relativo con el medio ambiente, es más complicado, por lo tanto será más dificil que se otorgue una suspensión con efectos generales, en la medida en que en un principio no hay ninguna una violación a esos derechos colectivos”, dice Bernardo Cortés, un abogado especializado en el sector.
Los participantes del mercado de generación eléctrica obtuvieron la suspensión de todas las medidas contenidas en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tan sólo un día después de que esta fue publicada y sólo después de que la compañía Zuma Energía presentará una petición de amparo, pues el juez Juan Pablo Gómez Fierro consideró que éstas tenían efectos en toda la industria. Pero en el caso de la última iniciativa enviada, que actualmente está en Diputados, será más complicado conseguir una suspensión de efectos generales –que aplique a todos los participantes– por la variedad de empresas que se verán afectadas: comercializadores, distribuidores e importadores de gasolinas y otros combustibles.
“No es tan evidente el impacto en la competencia o los derechos fundamentales a la salud, que eran los argumentos con los que se obtuvieron las suspensiones a la LIE. Acá hay más afectaciones particulares, sacar una suspensión de efectos generales será más complicado, sin duda se darán suspensiones, pero irán más hacia lo individual”, dice Daniel Sánchez, socio de Baker & McKenzie.
En general, las empresas podrán argumentar la violación a la no retroactividad de la ley –que indica que las nuevas reglas no pueden ser aplicadas hacia hechos del pasado– y a legalidad y seguridad jurídica, toda vez que los cambios abren la puerta a la cancelación de permisos de manera discrecional y el que la estatal Pemex pueda operar las instalaciones de las autorizaciones suspendidas.
Otro punto que complicará detener la nueva reforma radica en la ausencia de antecedentes sobre el caso, dicen los abogados. Las modificaciones al mercado eléctrico se detuvieron rápidamente debido a que existe una serie de suspensiones previas relacionadas y la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, que reúne la mayoría de los puntos contenidos en la reforma a la LIE.
Pero en el caso del mercado de hidrocarburos, aún no existen antecedentes de procesos de amparo a favor de las compañías. Algunas empresas decidieron comenzar un juicio de amparo en diciembre de 2019 cuando la Secretaría de Energía modificó algunos lineamientos referentes al almacenamiento de petrolíferos, pero hasta ahora las compañías no han conseguido una resolución favorable.
