Sobrevivir a la contrarreforma: la nueva realidad de las empresas eléctricas

Pero los cambios no han cesado. Por año y medio, el gobierno federal intentó modificar las reglas del sector mediante acuerdos y políticas. Ninguna pudo echarse a andar, fueron detenidas por los jueces en materia de competencia y la Suprema Corte de Justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con presentar una reforma si no conseguía fortalecer la estatal CFE con las reglas vigentes en ese momento. La promesa consistía en recurrir a ese instrumento legal hasta 2022, en la segunda mitad de su sexenio.

La promesa no se cumplió y en la primera semana de marzo, poco más de un mes después de ser enviada bajo la figura de iniciativa referente, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ya había sido aprobada.

La reforma, que tuvo luz verde en la Cámara de Diputados y en el Senado con una discusión basada en más argumentos ideológicos que técnicos, ha sido el instrumento más agresivo. La iniciativa agrupa todos los cambios desechados por el Poder Judicial. Lo que más preocupa al mercado es la modificación en el criterio de despacho, en el que la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –sin importar el tipo de central– será puesta al inicio de la fila, mientras que la de las plantas privadas quedarán al final.

La iniciativa incluye todos los modelos de negocio. Los contratos de los productores independientes serán revisados, los permisos de autoabasto también, con una puerta abierta a su eventual cancelación y las empresas ganadoras de la subasta –como las internacionales Engie, Enel, Acciona y la recién comprada Zuma– ya no tienen garantizado el suministro de su electricidad. Muchas de estas últimas, con proyectos apenas en construcción, son las que más riesgo corren, pues la posibilidad de recuperar la inversión se ha reducido al mínimo.

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“Los proyectos de la subasta son los que se llevarán el golpe de la reforma. Los [ganadores] tienen un doble problema: el costo de precio unitario (que será instaurado con la reforma) y el (nuevo orden de) despacho”, dice Paolo Salerno, de Salerno y Asociados, firma de abogados especializada en energía.

El plan final ya fue echado a andar. Y con esto, la confianza del ecosistema terminó por escaparse. Las cifras ya hablan: la inversión extranjera directa en el sector eléctrico tocó en 2020 su nivel más bajo desde hace nueve años. Los datos de la Secretaría de Economía indican que, el año pasado, el país recibió 506 millones de dólares, una baja de 61.7% con respecto a 2019.

Y para 2021, los números no pintan distinto, incluso podrían ser inferiores. Las empresas entrevistadas coinciden en un punto: ninguna de ellas planea desembolsar nuevas inversiones ni apostar por nuevos activos, al menos, en los siguientes dos años, y el capital que tenían planeado invertir en México ya comienza a cambiar de destino. “Lo que está pasando aquí es un reestructura completa de la compañía. Las tasas de retorno de México ya no están justificando la inversión y los capitales ya están regresando a sus países”, dice un empleado financiero de una transnacional dedicada a la generación con fuentes renovables.

No hay certeza, señalan todas. De esas, unas pocas aguardarán a que termine el sexenio y la presión por la transición energética empuje al siguiente gobierno a abrir el mercado ante la falta de recursos de la estatal CFE.

Las inversiones, dicen las fuentes, comienzan a dirigirse hacia Estados Unidos –ahora que el presidente Joe Biden ha regresado el país hacia una ruta de transición energética–, a los parques eólicos costa afuera en Europa y hacia naciones latinoamericanas, como Colombia, que hace unos meses comenzó un proceso de subastas eléctricas, como las que se instauraron en México a partir de 2016.

En los dos últimos años, el país latinoamericano ha registrado la llegada de 41 proyectos de inversión –equivalente a 5,029 mdd– en el sector eléctrico, todos encaminados a acelerar la transición energética, de acuerdo con cifras oficiales de ProColombia, la agencia de promoción de la inversión del país.

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“Las lecciones que aprendimos de México fue monitorear más lo que está haciendo el gobierno y, al mismo tiempo, no arriesgar tanto en desarrollo. Ahora, Colombia nos está comiendo el 70% del tiempo, porque nuestros inversionistas ya no ven a México como oportunidad”, explica el Country Manager de una compañía de origen estadounidense que llegó al país con la tercera subasta eléctrica en 2017, la última antes de que el gobierno actual decidiera cancelar, de manera definitiva, el ejercicio.

La adaptación al nuevo mercado

“Hemos pasado de ser propositivos a reactivos y ahora no haremos más que defender las inversiones. Existe tanto dinero invertido, y no nuestro, que no podemos solo cerrar las puertas e irnos”, dice el directivo de una gran compañía de energía renovable.

La vía legal para detener el nuevo cambio ya se cocina al interior de las cámaras empresariales y dentro de las oficinas jurídicas de las compañías. Pero la defensa y la adaptación a la nueva dinámica de mercado comenzó desde antes de la aprobación de la reforma.

Este último cambio no ha sido el punto de quiebre, dicen los entrevistados, quienes identifican como momentos críticos la entrada de nuevos comisionados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –y, con ello, un cambio en la dinámica y un cese de permisos de generación a privados– y la emisión de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, que se declaró sin validez durante marzo.

Así que el camino ha sido largo y, con ello, los cambios en sus negocios. Las empresas, que tenían planeado ser parte del boom renovable que parecía avecinarse en el país, ya exploran nuevos negocios: la fabricación de paneles solares, el negocio de generación distribuida, estaciones de servicio de venta de combustibles e, incluso, la expansión de infraestructura para la transportación de estos últimos, un negocio al que el gobierno federal no se ha opuesto del todo.

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“Los que aún tienen esperanza están migrando a hacer proyectos más pequeños. Lo que buscan es hacer generación local para vender energía a los consumidores en el mismo sitio (y evitar ocupar la infraestructura de la CFE) o, simplemente, están tratando de diversificar. Si antes el foco era completamente la electricidad o las centrales renovables, ahora están migrando hacia gasolinas y gasoductos”, dice una consultora del sector que trabaja en conjunto con empresas para modificar sus planes de negocio y que también ha solicitado el anonimato por tratarse de información confidencial.

Una compañía con sede en Estados Unidos compartió su experiencia. Llegó al país para participar en las subastas eléctricas, ya con una serie de proyectos listos para desarrollar, pero ante la cancelación de estos ejercicios, solo quedaba un camino: la venta para uso industrial. Un camino que también quedó bloqueado por el cese de los permisos. En septiembre se rindió. La empresa se quedó con ocho proyectos varados, sin poder vender ni uno. Y ahora ha decidido enfocar su negocio en la fabricación de paneles solares.

Un segundo plan también quedó frustrado: la construcción de una fábrica para maquilar los paneles en México y enviarlos al extranjero. El clima de negocios no aseguraba la permanencia de la compañía en el país y ahora mira hacia Brasil o Colombia. Y con estos cambios vino también el golpe a su plantilla. La compañía de no más de 30 empleados tuvo que liquidar a la mitad de ellos a finales del año pasado.

Pero esto no es solo exclusivo de las pequeñas empresas. Una compañía con cerca de 25,000 empleados a nivel mundial ha tenido que despedir a casi 40% de su personal que trabajaba directamente en los proyectos –como técnicos o ingenieros ambientales– y a 30% de su plantilla administrativa del país.

Otra compañía del sector, dedicada a la instalación de medidores para comprobar la venta de electricidad de generadores privados a empresas, también ya considera abandonar sus operaciones en el país, ha dicho uno de sus representantes.

Y así, las empresas han comenzado a dar giros cada vez más bruscos, mientras que los ejercicios de la iniciativa privada no han logrado concretarse.

El esfuerzo de Bravos Energía por hacer una subasta eléctrica privada no logró completarse por la incertidumbre derivada de la pandemia y los cambios regulatorios. La mexicana Zuma Energía fue comprada por China Power International Holding Limited, una compañía con sede en Hong Kong, en una operación anunciada en noviembre pasado. Fuentes cercanas al proceso explican que la transacción se dio como parte del clima de negocios y la apuesta a largo plazo de la empresa china por esperar un cambio en el paradigma de la política actual.

Y las transacciones seguirán, dicen las fuentes, pero de una manera distinta. Los fondos de inversión ya cazan algunos de los proyectos que no han logrado concretarse o que están envueltos en serios problemas financieros.

Fuentes relacionadas con las negociaciones aseguran que compañías con proyectos de la tercera y cuarta subasta –esta última, cancelada– ya se encuentran en pláticas con fondos nacionales e internacionales, que tienen la liquidez suficiente para esperar un cambio en la dinámica del mercado. Aunque el precio de venta será muy por debajo de la inversión realizada.

Pero no todos podrán vender. Las empresas con proyectos en fase de búsqueda de una autorización de cualquier tipo verán el entorno más complicado. La reforma complicará más la emisión de permisos, que ya estaban detenidos desde la CRE o la Secretaría de Energía y, sin ellos, el activo no tiene valor. Y así, explican los entrevistados, proyectos en proceso y ya con avances en trabajos de ingeniería, de impacto ambiental o social quedarán varados. Y con ellos, inversiones individuales de entre 200,000 y 400,000 dólares.

El efecto expansivo

La ola de cambios en el mercado eléctrico no es un tema que solo afectará a las empresas del sector. Una serie de industrias, como la dedicada a medir el impacto ambiental o el mantenimiento de centrales, también recibirán su propio golpe. Como ejemplo, fuentes del sector indican que cerca de 10 fabricantes de insumos han solicitado darse de baja de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), ante la falta de oportunidades en el sector, y algunas compañías dedicadas a medir el impacto ambiental y social han optado por cerrar sus oficinas.

“No solo la industria eléctrica, en las diferentes partes de su cadena de valor se verá impactada, esto es una bomba expansiva: los constructores, quienes financiaron los proyectos, los proveedores de servicios, los consumidores”, dice Claudio Rodríguez-Galán, de Thompson & Knight.

Cerca de 44,000 millones de dólares de banca privada, banca de desarrollo, fondos de pensiones y fondos de inversión han sido destinados a la industria eléctrica mexicana, entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Los inversionistas no son ajenos a lo que pasa. Las firmas entrevistadas aseguran que las posturas de los bancos y fondos son cada vez más duras. Las negociaciones entre algunas compañías y los principales personajes del manejo de la política energética había, abierto una rendija hacia un posible acuerdo que beneficiara a ambos, pero eso no llegó.

La administración federal tiene seis meses para dar a conocer los reglamentos secundarios de la reforma, que definirán, de manera más específica, hacia dónde se dirigirá el mercado. Ninguno de los entrevistados espera un escenario positivo.

La apuesta ya no va hacia los negocios, sino hacia la estrategia legal. “Si un país no quiere que inviertas, entonces no vamos a forzar invertir. Somos una empresa tan grande, que podemos vivir sin México”, señala el líder de una de las principales compañías eléctricas.