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4 puntos clave para entender la reforma a la Ley de Hidrocarburos

El mercado de hidrocarburos se había mantenido sin grandes cambios en comparación con el sector eléctrico, pero el viernes el presidente envió una iniciativa de reforma que cambiará la dinámica.
lun 29 marzo 2021 05:00 AM
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Los comercializadores e importadores de combustibles apuntan a ser el sector más afectado por el cambio.

El mercado de hidrocarburos, que se abrió a la iniciativa privada con la reforma energética de 2013, parecía estar viviendo un momento de mayor estabilidad que el sector eléctrico, que acumula meses de grandes modificaciones, y para el que se ha aprobado una reforma de ley hasta ahora detenida en juzgados. Pero una nueva iniciativa de reforma enviada por el presidente a la Cámara de Diputados ha dado un nuevo vuelco al mercado energético.

Los cambios de la iniciativa, que pretende reformar y adherir una serie de artículos a la Ley de Hidrocarburos, tienen un fin común: restringir la participación privada en el mercado de combustibles, en el que Pemex ha perdido presencia de manera acelerada –principalmente en la importación de gasolinas y diésel– y en el que la administración federal está empeñada en devolver al centro al gigante estatal.

La propuesta fue recibida en Diputados el viernes pasado y turnada a las comisiones de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para posteriormente ser enviada a la Cámara de Senadores. Los participantes del mercado y especialistas ya avizoran una aprobación inevitable de la reforma, debido a la mayoría que el partido Morena acumula en ambos recintos.

Estos son algunos de los puntos claves para entender de qué va la nueva iniciativa de reforma.

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¿Qué mercados afecta?

La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos modifica principalmente la dinámica en la emisión y la cancelación de permisos del mercado de petrolíferos.

Así, los mayores afectados serán las compañías privadas con una autorización existente en las actividades de importación, comercialización, distribución y venta al público de gasolinas, diésel y otros combustibles, un mercado en el que la estatal Pemex perdió exclusividad de manera formal con la reforma de 2013.

El gobierno federal ha puesto principal foco en el mercado de gasolinas, en el que Pemex pierde participación de manera continua. Dos ejemplos: las empresas privadas ya acaparan más de una tercera parte de las importaciones de diésel y 1,125 estaciones de servicio se quitaron la marca estatal durante el año pasado , lo que representó una disminución de 13% en comparación con las ubicaciones que la tenían al cierre de 2019.

Por ahora, según se lee en la iniciativa, las empresas privadas con algún contrato petrolero adjudicado durante las rondas no tendrán modificaciones en su dinámica.

Suspensión de permisos por seguridad nacional

La propuesta de reforma propone cancelar un permiso otorgado a una compañía privada si este representa un "peligro inminente" para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.

Según juristas especializados consultados, esta es la modificación que más incertidumbre podría acarrear al sector, toda vez que los tres términos incorporados tienen una amplia interpretación y ésta puede modificarse constantemente.

“Está dejando que demasiada incertidumbre se transmita al mercado, porque lo que pretende es que la autoridad pueda suspender permisos ya otorgados. El término de seguridad nacional es muy ambiguo y da al ejecutivo un grado de discrecionalidad muy alto en su actuar, y ataca a toda la cadena de producción, distribución, almacenamiento y comercialización”, dice Alfredo Sandoval, analista de Banco Base.

“Los términos de seguridad energética y economía nacional son muy problemáticos, a mi parecer son muy amplios, porque prácticamente podrías encuadrar cualquier cosa en eso”, coincide Bernardo Cortés, abogado especializado en energía del despacho Dentons López Velarde.

Los entrevistados citan como ejemplo la actual política en el sector que tiene como eje rector de la seguridad energética fortalecer a la estatal Pemex. Así, mencionan, los permisos podrían ser derogados al considerar que su permanencia va en contra de este objetivo, uno de los prioritarios para el presidente.

Permisos suspendidos podrían ser operados por Pemex

La reforma abre la puerta a que las autorizaciones suspendidas –de cualquier tipo– podrían ser operadas por la estatal Pemex.

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En el artículo 57, la legislación actual ya considera que la autoridad responsable de la emisión del permiso puede llevar a cabo la ocupación temporal o la intervención del mismo y las instalaciones relacionadas y contratar a una empresa productiva del Estado –Pemex y CFE– o a terceros para el manejo y control de los activos ocupados.

Pero la modificación propuesta adhiere que en caso de suspensión una empresa estatal –ya no una privada– podrá ser quien maneje y controle las instalaciones. Así se abre la posibilidad de que la petrolera nacional pueda tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos temporal o definitivamente.

“La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que amparen el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de las anteriores”, se lee en el documento que propone adherir un nuevo artículo con este contenido.

Revocación de permisos a gasolineras si no cumplen el ‘litro por litro’

La reforma pretende adicionar como motivo de revocación de permisos el incumplimiento en la cantidad y calidad de petrolíferos.

Este cambio daría seguimiento a la política de verificación de precios y de despacho de gasolinas echada a andar desde el inicio del sexenio por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que hasta ahora solo se ha basado en exponer mediáticamente a los expendedores de combustibles que no dan las cantidades correctas o cuyos precios están por encima de la media.

Así, una incidencia en conductas que afecten a los consumidores podría ser una causal de revocación de permisos.

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