Una fuente judicial confirmó la imputación de Peugeot por el cargo de "fraude que conlleva un peligro para la salud del ser humano o del animal". En tanto, un informe de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), transmitido a la justicia en febrero de 2017, mencionaba una "estrategia global destinada a fabricar motores fraudulentos, y después a comercializarlos".
Según los investigadores, PSA (Peugeot-Citroën) vendió entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015 en Francia cerca de 1.9 millones de vehículos diésel de generación Euro5 (norma en vigor hasta 2015), "cuyo motor funciona según estrategias fraudulentas".
Ante las infracciones observadas, la DGCCRF calculaba que la empresa incurría en una multa máxima de 5,000 millones de euros, que equivale a 6,000 millones de dólares.
¿Citroën y Fiat?
En Francia, las investigaciones de la DGCCRF también dejaron patente "el carácter deliberado del fraude" de Volkswagen. Afirman que el grupo alemán vendió casi 950,000 vehículos diésel, equipados con el dispositivo fraudulento, en territorio francés. Volkswagen ya ha impugnado el análisis de los magistrados.
Además de estar imputadas, todas estas empresas son objeto de un control judicial acompañado de cuantiosas garantías para el eventual pago por daños y multas: de hasta 24 millones de dólares para Renault, y fuertes garantías bancarias para indemnizar los posibles perjuicios y hasta 73 millones de dólares para Renault y Volkswagen.
"Todos los elementos parecen confirmar las infracciones cometidas por los distintos fabricantes. Los propietarios de los vehículos perjudicados no entienden que no se celebre un juicio lo antes posible", dijo François Lafforgue, ahogado de las asociaciones Ecologie sans frontières y 'Respire.
El escándalo del "dieselgate" es objeto de diversas informaciones legales en Francia. Las investigaciones sobre este escándalo se han visto frenadas durante mucho tiempo por una batalla legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El martes, Renault fue el primero en anunciar que había sido acusado. En la lista quedan varios posibles objetivos adicionales: Citroën, luego Fiat-Chrysler, también perteneciente al grupo Stellantis. La imputación es un paso preliminar para un posible procesamiento en Francia.
