“En una carta anterior a la Administración Trump, destacamos las preocupaciones con el trato regulatorio preferencial del presidente López Obrador a las compañías energéticas nacionales de México, Pemex y CFE, y la demora o cancelación de permisos para las compañías energéticas estadounidenses. Estos desafíos siguen siendo un problema grave”, se lee en la misiva firmada por 20 senadores republicanos y demócratas.
En el texto, los congresistas hacen referencia a las iniciativas de reforma a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, que fueron aprobadas en los meses pasados por la Cámara de Diputados y Senadores, pero que actualmente están suspendidas por algunos juicios de amparo presentados por organizaciones ambientalistas y empresas privadas.
Los cambios impulsados desde el ejecutivo tienen como común denominador regresar el poder de mercado a las dos estatales mexicanas, que se convirtieron en un jugador más del sector con la reforma de 2013.
“Los cambios recientes de la Administración López Obrador a la regulación y legislación establecen un campo de juego no desarrollado para los inversores privados frente a las empresas estatales de México, Pemex y CFE, y por lo tanto, crear una gran incertidumbre para las compañías energéticas estadounidenses con inversiones existentes y para aquellos que buscan invertir en México, como los activos de explotación potencialmente abandonados, y amenazan la viabilidad de las inversiones a largo plazo”, se lee en el documento.
La política energética mexicana se ha convertido en un punto álgido entre ambos gobiernos. La administración del presidente Biden se ha caracterizado por promover un plan encaminado a promover la generación de energía mediante centrales renovables, mientras que la administración mexicana ha depositado en los combustibles fósiles la apuesta en el sector.
En una reunión del 7 de julio pasado entre las representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno estadounidense manifestó sus preocupaciones sobre los cambios en la política mexicana.
Algunos especialistas del sector coinciden en que la reciente decisión de la Secretaría de Energía respecto a otorgar a la estatal Pemex el control operativo del yacimiento Zama, en lugar de haberlo cedido a la estadounidense Talos, podría incrementar la tensión entre ambos gobiernos sobre el tema. Pero hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto.
"Le pedimos (presidente Biden) que se ocupe de las violaciones al entablar relaciones diplomáticas con el presidente López Obrador. Esto es necesario no sólo para establecer unas condiciones equitativas para las empresas estadounidenses que operan en México, sino también para permitir la competencia en el mercado de la energía que protegerá los puestos de trabajo estadounidenses y, en última instancia, reducirá el coste para el consumidor y las emisiones de gases de efecto invernadero", se lee en la misiva.
