Jorge Romero, un usuario de vapeador desde hace cuatro años, explica que las tiendas siempre han operado con discreción, se conoce de ellas por el 'boca a boca' y por grupos en Facebook, pero aumentaron su secrecía y los candados de seguridad desde el año pasado, cuando el gobierno federal prohibió por decreto los cigarros electrónicos.
“En internet es muy fácil encontrar información, googleas y aparece todo en la red, pero no es fácil comprar, porque estas empresas de vapeo han creado una cultura de no venderle a los menores de edad”, cuenta el ingeniero de 36 años. “Es una comunidad pequeña que se cuida mucho a sí misma, porque no está bajo la ley”.
Las prohibiciones han hecho que el negocio se desarrolle en la penumbra. Algunas tiendas en el Centro Histórico, la colonia Tabacalera o la Roma, por ejemplo, son en realidad departamentos en los que también hay que hacer una cita y acreditar la mayoría de edad para acceder.
Ya sea en este tipo de 'establecimientos' o a través del e-commerce, en el mercado hay muchas marcas, también mexicanas, de líquidos para vapear, que son elaborados a base de glicerina y propilenglicol de grado alimenticio, ingredientes utilizados en alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. Estos líquidos saborizados pueden o no contener nicotina.
Los vapeadores son dispositivos que funcionan con batería. A través de una resistencia calientan el líquido, que se convierte en un vapor que la persona inhala. El precio varía entre los 500 y los 5,000 pesos (aunque los hay más costosos), de acuerdo a la tecnología, ya que algunos tienen bluetooth, otros pueden activarse con un comando de voz y los más sofisticados integran inteligencia artificial que, de manera gradual, sustituyen la cantidad de nicotina que consume el fumador por ácido cítrico.
Roberto Allan Sussman, director de la asociación civil Pro-Vapeo, comenta que las prohibiciones no solo han desarrollado un mercado ilegal, sino otras consecuencias como la falta de control de calidad en todos los productos, las barreras para la información a los usuarios, que calcula en cerca de 1.5 millones en México y, sobre todo, evita que se defina un mercado en el que se realizan inversiones e ingresos por ventas que en la formalidad podrían dar un empuje a la economía nacional.
“La regulación pone en la ilegalidad sólo a quienes infringen la ley y vendan a menores, la prohibición criminaliza a todos”, apunta.