México está evaluando cómo regular las condiciones de los trabajadores en la economía colaborativa, que crece rápidamente en el país, lo que podría implicar cambios legales. En la economía gig, los conductores, mensajeros y repartidores de alimentos se emplean a través de aplicaciones creadas por empresas de tecnología para teléfonos inteligentes, pero los trabajadores no se consideran empleados.
La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo a Bloomberg que está trabajando con el Instituto de Seguridad Social (IMSS) y con las autoridades de Ciudad de México en un plan para regular las plataformas digitales. Aún no hay una propuesta, indicó, pero en los próximos meses debería haber un plan más claro.
Contratistas de aplicaciones de todo el mundo han presionado para que se amplíen los derechos laborales, lo que llevó a la Corte Suprema del Reino Unido a dictaminar que los conductores de Uber son trabajadores a los que se les debe pagar por el tiempo de espera, y al Ministerio de Trabajo de España a prometer el acceso a la seguridad social. Empresas como Uber y y DiDi argumentan que el acuerdo actual les da a los conductores la libertad de ser sus propios jefes y de utilizar recursos que de otro modo estarían inactivos.
