“Para evitar posibles afectaciones al suministro de gas LP, resulta necesario brindar alternativas a las personas físicas o morales que deseen contribuir al reparto de gas licuado de petróleo, a través de vehículos de reparto y auto-tanques, para incorporarse a la distribución mediante las actualizaciones del parque vehicular de permisionarios o de la solicitud de un nuevo permiso de distribución”, se lee en la argumentación del acuerdo que la CRE publicó un par de horas antes de su votación en el pleno en la en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y para el que pidió una exención de impacto regulatorio.
Dentro de los incisos, se lee que el regulador busca crear un padrón de las personas físicas y morales que participan en las actividades de distribución de los permisionarios. En 2016, la anterior administración de la CRE había comenzado un esfuerzo similar que se vio interrumpido al inicio de este sexenio como parte de los cambios al interior del organismo con autonomía técnica.
El acuerdo, cuya entrada en vigor se espera mañana miércoles, también obligará a las empresas distribuidoras a reportar a la Comisión la contraprestación o el margen que obtienen cada uno de los comisionistas. Hasta ahora, esta utilidad se decidía a discreción o muchas veces sin un consenso con las empresas distribuidoras y propietarias de los permisos.
La regulación de la CRE, que tendrá una vigencia inicial de seis meses, impondrá a las comisionistas la obligación de solo prestar sus servicios a un solo una empresa distribuidora del gas.
Los comisionistas, que realizaron un paro hace unas semanas, habían amagado con realizar otro similar en dado caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades.
Los analistas del sector han explicado que los precios máximos al combustible han impactado de manera directa a los participantes de el último eslabón de la cadena, que han recortado sus utilidades de manera importante.