En días pasados, la Unión de Gaseros hizo un llamado a sus agremiados para parar actividades ante la imposición de precios máximos. Serrano ha explicado que la decisión de parar labores no ha sido tomada por las empresas que formalmente comercializan el gas LP, sino por las personas físicas que trabajan de manera independiente en la venta del combustible, quienes son denominados comisionistas.
La Amexgas ha registrado algunos incidentes de daños a las plantas de distribución y a pipas propiedad de compañías que salieron a vender el combustible en días pasados.
"¿Qué van a hacer (los comisionistas)? No lo sabemos porque son personas físicas que no dependen y que no toman una directriz o una orden de una empresa porque son independientes. Sabemos y reconocemos que tiene un tema económico que les está afectando, eso sí es una realidad", dijo el representante del sector, que se ha convertido en el último blanco de cambios regulatorios.
La figura de comisionistas, ha dicho Serrano, no es nueva y predomina en la Ciudad de México y en las entidades aledañas, como Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Su modelo de negocio se basa en comprar el combustible en las plantas de distribución y venderlo de manera en distintas zonas, en donde determinan un aumento en el precio de manera autónoma.
La Amexgas ha identificado la existencia de alrededor de 4,000 comisionistas en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Aunque el regulador del mercado tiene permisos específicos para este sector, solo existen cerca de 40 que operan con una autorización.
Así, el representante industrial ha asegurado que una de las directrices de la negociación con autoridades irá enfocada a regularizar a este sector. "Es importante que cualquier actividad económica esté dentro de un marco regulado, en este caso en una regulación de seguridad, así también como un cumplimiento de todos los ordenamientos económicos y fiscales que cualquier actividad económica deben cumplir", explicó en la conferencia virtual.
La Amexgas asegura que los precios máximos del combustible no reflejan sus costos reales y que la imposición de estos podrían generar un desabasto regional o menor distribución en lugares en donde no sea rentable desempeñar la actividad.
