La CFE deberá tener el 54% del mercado y sus plantas serán prioritarias
La principal finalidad de la propuesta del presidente López Obrador será garantizar que la estatal CFE conserve el 54% del mercado de generación eléctrica, el único en el que también se ha permitido la participación de capital privado, toda vez que la eléctrica nacional continua siendo el único que se hace cargo de las actividades de transmisión y distribución.
La reforma podría buscar que la energía producida en las centrales propiedad de CFE –principalmente las hidroeléctricas– sea despachada antes del resto propiedad de las compañías privadas. Este era el lineamiento central de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada hace unos meses y que no logró ser echada a andar, tras un fallo de la Suprema Corte y de jueces especializados en competencia.
La reforma energética de 2013, a través de la Ley de la Industria Eléctrica, estableció que la energía se despachará con base en criterios económicos, es decir, se tomaría primero la electricidad generada por centrales eólicas y solares con costos variables más bajos –debido a la ausencia de costo en los combustibles–. Así, se dejó al final de la fila a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad que funcionan con base en combustibles fósiles como carbón, diésel o combustóleo, que tiene costos mucho más altos.
Permisos alineados con la política nacional y con la CFE
El presidente y los principales tomadores de la decisión en materia de política energética han asegurado constantemente que durante el sexenio pasado la administración federal dio permisos de manera excesiva hacia la iniciativa privada, lo que ha provocado un desbalance en el mercado y una saturación en las líneas de transmisión. En lo que va de esta administración, el regulador del mercado eléctrico ha pausado la emisión de nuevas autorizaciones para plantas eléctricas. La propuesta de reforma podría incluir que los nuevos permisos estén sometidos a lineamientos de la Secretaría de Energía, como el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).
En la política de confiabilidad promovida por la Secretaría de Energía en mayo de 2019 se proponía que fuera la estatal CFE la que delineara los nuevos proyectos de generación necesarios. La iniciativa podría incluir un mayor protagonismo para la empresa dirigida por Manuel Bartlett, en la que ésta pase de ser otro participante del mercado eléctrico –el objetivo de la reforma de 2013– a un tomador de decisiones dentro de la política nacional.
Revisión a contratos
Desde el inicio del sexenio, el presidente López Obrador ha emprendido un discurso en contra de algunas de las empresas que obtuvieron contratos de generación eléctrica durante el sexenio pasado. El mandatario las ha acusado de obtener arreglos que dejan en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad y ha amagado con terminar con algunos contratos que consideran sean abusivos con el Estados.
En la reforma secundaria para modificar a la Ley de la Industria Eléctrica enviada y aprobada por el legislativo en marzo pasado incluía la revisión de algunos contratos de producción independiente y permisos de autoabasto, una figura que es utilizada principalmente por grandes consumidores industriales y que ya ha recibido varios frenos por parte de la Comisión Reguladora de Energía.
La nueva reforma podría incluir alguna figura de revisión de los contratos privados a fin de garantizar mejores tarifas al Estado, tal y como lo ha hecho el gobierno federal con otros contratos en la industria, como el de los gasoductos.
Y también podría incluir la posibilidad de cancelar los contratos de autoabasto, que poseen algunos grandes consumidores eléctricos como Bimbo o Walmart, y que suponen que estas grandes empresas generen su propia energía. El gobierno federal ha acusado que estos modelos distorsionan el mercado eléctrico, toda vez que nuevas compañías han logrado sumarse como socios en las centrales por bajos montos.
