Tras conseguir más de una centena de suspensiones indefinidas emitidas por los dos jueces especializados en competencia, los privados comienzan a ver caer su defensa y la reforma a la ley podría obtener luz verde para entrar en vigor en los próximos meses. En las últimas semanas, los tribunales colegiados en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones han dictado como improcedentes algunas de las suspensiones otorgadas por los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro en meses pasados y que mantenían la reforma detenida, después de que el ejecutivo federal y la Secretaría de Energía presentaron recursos de revisión.
Ambos órganos de justicia determinaron que la reforma no causaba ninguna afectación per se a las empresas del sector, toda vez que las modificaciones incluidas en ésta no habían sido echadas a andar y el gobierno federal no había comenzado actos puntuales para comenzar su aplicación.
Los tribunales deberán dictar como improcedentes cada una de las suspensiones obtenidas por privados días después de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación y ordenar su revocación. Por ahora, estos han echado para atrás apenas una decena de amparos promovidos por la iniciativa privada. Pero para lograr la entrada en marcha de la reforma, ideada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los tribunales deberán realizar lo mismo con cada uno de los recursos interpuestos por las empresas.
“¿Cuándo va a cobrar vigencia la reforma? Cuando el (tribunal) colegiado decida revocar hasta la última suspensión”, explica Bernardo Cortés, un abogado del sector. “Lo que tiene que pasar con los amparos que admitieron y en los que sí dieron suspensión es que dicten una sentencia de fondo donde se sobresea el amparo ya analizado el asunto de fondo, que es lo mismo que un desechamiento”.
Las compañías también han comenzado a ver caer su defensa en los juzgados especializados en competencia. Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los dos jueces que admitieron las primeras demandas de las compañías, ha decidido cambiar el criterio de sus resoluciones –después del fallo del tribunal– y en los últimos días ha ordenado desechar el resto de los amparos promovidos por los privados y que aún no eran admitidos a trámite.
Apenas ayer lunes, de acuerdo con las listas del Consejo de la Judicatura Federal, el juez –que fue acusado por el presidente de defender grupos de interés– ordenó desechar más de 100 amparos promovidos por la iniciativa privada. Su par, Rodrigo de la Peza, aún no opta por el mismo criterio.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos es hasta ahora el intento más agresivo del ejecutivo federal por modificar la dinámica del mercado de combustibles, aunque en los últimos meses el gobierno federal ha suspendido una serie de permisos de importación de gasolinas y la Comisión Reguladora de Energía ha pausado la emisión nuevas autorizaciones en el sector.
La reforma incluye una serie de lineamientos que han preocupado al sector privado, como dar a la facultad a la estatal Pemex de ocupar las instalaciones de privados cuyos hayan sido suspendidos o la cancelación de permisos si estos representan un "peligro inminente" para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
