La organización, que agrupa a 2,500 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en 210 ciudades del país, apuntó en el documento una serie de medidas que solicita al ejecutivo para paliar los efecto que la medida tendrá en la industria. El primero de ellos es desarrollar un plan integral de movilidad para la Frontera Norte, "en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y de la iniciativa privada".
La AMDA también pide "tolerancia cero" al flujo de autos de contrabando por los puertos fronterizos y acabar con la corrupción aduanera. Asociado a esto, advierte la necesidad de contar con la tecnología necesaria en los puntos de revisión para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.
"La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres", señala el documento emitido por la AMDA.
El gobierno ha insistido en la necesidad de registrar este tipo de autos. Solo en Baja California circulan más de 500,000 vehículos irregulares de procedencia extranjera.
La regularización de los 'autos chocolate' se ha convertido en una amenaza para la industria desde que en 2005 el entonces presidente Vicente Fox aprobó un decreto que establecía las condiciones para la importación definitiva, y ya no temporal, de vehículos usados de Estados Unidos. Ese año, la importación de estos modelos se disparó a 776,077 unidades, una cifra equivalente al 70% de las ventas de vehículos nuevos, que en 2005 ascendieron a 1.13 millones de unidades, según datos de la AMDA.
De ahí que ahora la organización también pida que se cumplan los convenios para combatir el contrabando automotriz y refundar el Registro Público Vehicular (REPUVE) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue "facultades plenas" para ordenar el registro vehicular. "La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia", señala el comunicado.
