“Si tú haces a un lado esta separación y todo lo concentran ahora en la Secretaría de Energía (Sener), vas a tener, en mi óptica, un claro conflicto de interés porque los elementos técnicos los vas a subsumir a los políticos”, dice Sergio Pimentel, un excomisionado de la CNH y actual socio de Agon, una consultora especializada en competencia económica. “Pierdes el enfoque técnico que es fundamental para que la industria encuentre condiciones básicas que le permitan que México sea un destino atractivo a la inversión”.
La iniciativa no detalla cuál sería el futuro del regulador petrolero y de la Comisión Reguladora de Energía, que también concentra la regulación de algunos eslabones en el mercado de hidrocarburos, como las estaciones de venta de combustibles. El documento detalla que la figura que poseen actualmente desaparecerá, pero las fuentes coinciden en que la desaparición no es un paso sencillo y estos podrían volver al estatus en que estaban antes de la reforma del sexenio pasado, cuando eran órganos desconcentrados de la Sener.
“No hay nada en esa reforma que permitiría al Estado mexicano rescindir esos contratos, contrario al caso de los permisos de generación. Y para que los rescindieran sí tendrían que realizar otra modificación", dice Julia González, de la firma González Calvillo. La especialista sí señala que se concentrarían en la Secretaría de Energía a quien hace política y a quien la ejecuta. "Esa es una tendencia contraria a las prácticas internacionales de dividir a quien elabora la política de quien la implementa, pero no me parece que esté poniendo en riesgo la vida de los contratos”.
Hasta ahora, las compañías del mercado de upstream –que incluye las actividades que preceden a la explotación de crudo y su producción– no han visto grandes cambios en su dinámica. Si bien el gobierno de López Obrador canceló los ejercicios de rondas petroleras y ha hecho de la producción privada de crudo un fuerte elemento en su discurso, no han existido otros cambios que pongan en riesgo la existencia de los contratos. Pero el reciente fallo de Sener para otorgar la titularidad de la operación del campo Zama a Pemex –aunque ésta carece de capacidad financiera para su desarrollo–, por encima del consorcio privado liderado por la empresa estadounidense Talos, ha encendido las alarmas entre la industria.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos fungió como el representante del Estado mexicano en la firma de los contratos derivados de las rondas. Los cambios en estos derivados de la posible desaparición del regulador divide a los abogados especializados, entre quienes aseguran que en teoría los contratos podrán continuar como hasta ahora y quienes afirman que se trataría de un cambio en los términos en que estos fueron pactados. “Hoy quitar eso, en mi óptica, es cambiar las reglas del juego y es darle mayor preponderancia y un trato discriminatorio a las demás empresas sobre la compañía estatal”, explica Pimentel.
La relación entre la Sener –si esta absorbe las funciones de la CNH– y la estatal Pemex también se definirán una vez aprobada la reforma. El documento establece la desaparición de la figura de empresa productiva del Estado –como se denomina actualmente a Pemex y CFE– para dar paso a los organismos del Estado, que tendrán personalidad jurídica, según ha dicho la secretaria de Energía, Rocío Nahle. En el caso de la segunda compañía, ésta se volvería la dictadora de la política eléctrica y podría tener facultades similares a las de Sener, pero hasta ahora no queda claro cuáles serán las modificaciones para la estatal petrolera.
Las fuentes señalan la posible existencia de un conflicto de interés entre la Sener y Pemex, ya que la titular de la secretaría es la presidenta del consejo de administración de la estatal. Para las y los entrevistados, la dependencia federal podría actuar a favor de la petrolera nacional o tener información comercial de las empresas privadas, que restaría imparcialidad a las decisiones. “Si te llevas [a la CNH] como una oficina dentro de tu secretaría, automáticamente te vuelves subordinado de lo que diga el secretario y ,de ahí, lo que diga el presidente. Lo que se perdería sería la autonomía o independencia del órgano técnico”, explica Daniel Sánchez, abogado de Baker McKenzie.
