Esta suspensión será válida durante el tiempo que dure el juicio, el cual podría extenderse por varios meses. Considerando que la Política de Confiabilidad de la Sener, propuesta en mayo de 2020, obtuvo sentencia hasta inicios del 2021; podemos esperar que el proceso legal actual será de larga duración y tal vez no veamos una sentencia antes del último trimestre del año.
Mientras tanto, dentro el sector lo que persiste y persistirá en los próximos meses será un ambiente de incertidumbre, que inevitablemente frenará el desarrollo del mercado eléctrico. Sus efectos se sentirán en todos los eslabones de la cadena de valor, pero el efecto inmediato será la migración de las inversiones a otros países donde la regulación y las políticas promuevan la competencia y estén alineadas a una estrategia de cambio climático.
Por si fuera poco, dentro de este difícil contexto está el próximo proceso electoral, la entrada de nuevos comisionados a la CRE y las declaraciones del presidente en torno a que impulsaría una reforma constitucional en la materia, en caso de que las resoluciones vayan en contra de los cambios propuestos por su Gobierno.
En mi opinión, frente a la posibilidad de que prospere por cualquier mecanismo la reforma a la LIE, es importante hacer hincapié y recapitular las posibles consecuencias sobre la población en general y los grandes consumidores de energía eléctrica, generadores, inversionistas e incluso sobre la CFE. En ese sentido es importante evitar que la discusión se diluya o se desgaste con el paso del tiempo.
Considero que hoy la preocupación más importante del mercado es el cambio en el criterio de despacho y, ciertamente, de ésta se derivan la mayor parte de las consecuencias que enumeraremos enseguida.
Pero, antes de esto, es justo mencionar otras preocupaciones cuyos resultados afectarían a ciertos participantes del sector. Por ejemplo, las empresas ganadoras de las tres subastas, con las nuevas reglas, ya no tendrían garantizado el suministro de su electricidad al mercado.
Peor aún, empresas con proyectos en construcción son las que mayor incertidumbre enfrentan, pues la recuperación de su inversión y la rentabilidad esperada podrían no materializarse. Otro tema sería el que enfrentan los productores independientes y de autoabastecimiento cuyos permisos serán revisados y podrían ser cancelados.
Pequeños consumidores: 1) aumento en los costos de generación se transferirían del Suministrador Básico (SSB) a las tarifas de uso doméstico y 2) mayor emisión de gases de efecto invernadero aumentaría la contaminación ambiental. Estos efectos serían resultado del cambio en el orden del despacho, pues ahora los generadores con contratos de entrega física serían los primeros en cubrir parte de la demanda. Estos generadores serían las centrales de la CFE, que son técnicamente más contaminantes y menos eficientes.
