Otro de estos casos vigentes también involucra a la estatal Pemex. Finley Resources y otras dos compañías demandan al gobierno mexicano un pago por 100 millones de dólares ante un tribunal del Banco Mundial. El grupo de compañías alega que la estatal mexicana suspendió indebidamente la ejecución de algunos contratos, violando así la protección a inversionistas que brinda el acuerdo comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá.
En todos los casos, las empresas han acusado al gobierno mexicano de violar tres principios: trato justo y equitativo, evitar el trato de nación más favorecida y la no expropiación o indemnización en caso de cambios que atenten a sus inversiones.
Las empresas, han explicado abogados, toman la decisión de acceder a un arbitraje de este tipo después de largas negociaciones con los Estados y tras llegar a la conclusión de que el daño patrimonial que pueden reclamar es mayor que los grandes costos que involucran uno de estos procesos que suelen durar al menos entre uno y dos años. “(Lo que reclaman) es la inversión que ya hicieron y lo que dejaron de ganar (...). Lo que demandan es el daño, que es lo que ya causaste, y el prejuicio, que es lo que dejé de ganar y por eso se dan esos montos tan altos”, dice Alfonso Cortéz-Fernandez, socio coordinador del área de litigio y arbitraje de Baker Mckenzie en el país.
El monto de 1,500 millones de dólares no toma en cuenta los procesos de arbitraje que fueron anunciados durante este año por Goldman Sachs y Whitewater Midstream en contra de la también estatal Comisión Federal de Electricidad, por tratarse de arbitrajes comerciales y no de inversión.
La iniciativa de reforma para modificar la dinámica del mercado eléctrico, que ahora está en el Congreso, podría desencadenar una oleada de estos procesos a nivel internacional, han explicado abogados, toda vez que los instrumentos jurídicos nacionales no protegen a las compañías de estos cambios.
Zama, el próximo posible arbitraje
La estadounidense Talos envió en septiembre pasado al gobierno mexicano una notificación de disputa derivada de la decisión de la Secretaría de Energía (Sener) por otorgar la operación del megayacimiento Zama a la estatal Pemex.
La Sener decidió entregar la titularidad de la operación a la petrolera estatal después de que la compañía mexicana y Talos, que lidera el consorcio que se hizo del bloque en donde se halló el yacimiento Zama, no lograron un acuerdo sobre los términos en que se explotará el activo.
La decisión de la dependencia dirigida por Rocío Nahle se basó en un análisis de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que favoreció a Pemex, basado en tres rubros que eran prácticamente imposibles de cumplir por el consorcio privado.
La notificación es un proceso que se lleva a cabo antes de iniciar formalmente un proceso de arbitraje a nivel internacional. Varios abogados consultados explicaron que durante este proceso –que puede durar cerca de seis meses–, Talos intenta abrir de nueva cuenta el diálogo con el Estado mexicano para llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes, sin llegar al proceso de arbitraje de internacional, que tendría un costo financiero muy alto y que impediría la explotación del yacimiento en disputa.
Pero hasta ahora, han explicado fuentes cercanas al caso, el consorcio privado tampoco ha podido iniciar el proceso de arbitraje de manera formal debido a que la Sener aún no concluye el acuerdo de unificación que definirá los términos de operación y de participación de cada una de las compañías.
