Los cálculos de la industria indican que cerca de 25% de la gasolina que se vende en todo el país es internada de manera ilegal. El presidente de la Onexpo coincide y calcula que entre dos o tres de cada 10 litros de combustible que se venden a los consumidores finales no ha pagado los impuestos necesarios a su entrada.
Quienes recuperan sus ventas en ese porcentaje se ubican principalmente en el norte del país, en estados como Tamaulipas o Sinaloa, y en los que recorre la carretera federal 57, que parte de Piedras Negras, en Coahuila, recorre entidades como Nuevo León y San Luis Potosí y llega hasta la Ciudad de México, de acuerdo con los registros de la organización.
El aumento en las ventas, explican algunos empresarios entrevistados, no se da como parte de un incremento en la demanda, sino de una recuperación en el precio en el que ofrecen el combustible.
Los grupos que venden la gasolina que se interna al país sin el pago correcto de impuestos comercializan el producto en las estaciones de servicio a un precio más bajo del usual, entre 15 y 30% menos –que equivale a entre dos y cuatro pesos– al que se vende de manera legal, dicen algunos empresarios entrevistados.
Así, las estaciones que compran el combustible que ha sido importado bajo las fracciones arancelarias correctas deben reducir el precio para competir contra quienes han decidido conseguirlo a un menor costo.
Hacerlo se ha convertido en un proceso ordinario. De acuerdo con los gasolineros entrevistados, quienes se dedican a esta forma de comercialización ofrecen pipas de entre 30,000 y hasta 60,000 litros de gasolina que se entregan de manera inmediata. Algunos de ellos ofrecen incluso documentos para certificar la legalidad del combustible, si es que las estaciones de venta necesitan acreditar la compra legal.
La gasolina regular y el diésel es la más sencilla de conseguir, coinciden los empresarios. Mientras la gasolina conocida como premium o de mejor calidad generalmente no abunda en esta forma de comercialización, dicen los entrevistados. “No podemos contra ellos, y muchos terminan uniéndose por no cerrar sus negocios”, dice el dueño de algunas estaciones de combustible en Sinaloa.
Quienes venden el combustible de manera ilegal no cuentan con terminales de almacenamiento, por lo que deben comercializar rápidamente el producto que han internado al país, generalmente por puntos que no tienen tanta vigilancia.
Pero el aumento en las ventas es intermitente, dicen los empresarios. Si bien, los precios vuelven a su normalidad cuando se refuerzan las visitas de verificación, regresan a un ambiente irregular cuando estas se interrumpen.
Algunos otros sectores se han quejado de la medida. Las empresas dueñas de terminales de almacenamiento aseguran que existe una vigilancia excesiva y un cierre desmesurado de sus instalaciones. Pero no los participantes del mercado gasolinero, quienes dicen que, a pesar de otras diferencias, si apoyan esta medida instruida desde la oficina presidencial.
“Se debió hacer hace mucho tiempo y nosotros sí celebramos que se haya hecho y promovemos que se siga haciendo, porque finalmente nos da la tranquilidad de poder organizar un mercado que, desde la perspectiva de Onexpo, aspiramos a un mercado de oferta múltiple, de mayoreo, que garantice la seguridad energética en los combustibles”, dice el representante gasolinero.
