La Secretaría de Energía (Sener) ha recibido más de 1,300 amparos de parte de compañías privadas y de organizaciones, en contra de los cambios regulatorios hechos al marco jurídico del mercado energético derivado de la reforma de 2013, dijo esta tarde Rocío Nahle, la titular de la dependencia, en su comparecencia ante la Cámara de Senadores.
Nahle, en su defensa a los cambios realizados, aseguró que esta serie de procesos judiciales se convirtieron en uno de los motivos por los que se presentó una iniciativa constitucional hace unas semanas, que por ahora aún no tiene fecha de discusión, ni de votación ante el pleno. “Por esta razón, entre otras, el titular del ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó el pasado 31 de septiembre una reforma constitucional”.
Las modificaciones al marco regulatorio comenzaron en 2019, cuando se intentó cambiar la forma en que se emiten los Certificados de Energías Limpias (CEL), para que las viejas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los obtuvieran, continuaron con la emisión de la política de confiabilidad en mayo del año pasado y con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, todo pausado por juzgados especializados en competencia y por algunas resoluciones de la Suprema Corte.