Un informe describe que la CFE ha sometido la puesta en servicio de la planta al pago de una sanción de alrededor de 16 millones de dólares, derivada de una demora en la construcción. Y, según el documento, Iberdrola ha solicitado el arbitraje para que la empresa eléctrica nacional reconozca que el retraso se debió a causas de fuerza mayor, una figura que suelen invocar las compañías cuando registran retrasos en sus proyectos por factores que no les son atribuibles.
La figura legal del arbitraje se plantea en las clausulas de resolución de controversias contenidas en el contrato firmado por las partes.
La española también ha solicitado la devolución de al menos 2 millones de dólares que ha pagado bajo el concepto de sanciones, que se declare como incorrecta la multa de 16 millones y ha demandado un pago por cerca de 10 millones de dólares por gastos incurridos y una indemnización por daños, de la cual no se específica el monto.
Ambas compañías fueron consultadas, pero no ofrecieron comentarios.
La CFE ya ha presentado su oposición a la demanda y ha solicitado el pago de las sanciones contractuales. El documento no detalla si la estatal mexicana ha presentado una contrademanda o ha iniciado otro proceso derivado del arbitraje.
Durante los primeros meses del sexenio, el gobierno mexicano y la empresa española presumían de una buena relación, incluso la segunda se comprometió –en mayo de 2019– a desplegar una inversión de 5,000 millones de dólares durante el actual sexenio. Pero un año después, los cambios a la regulación que emana de la reforma de 2013 y la suspensión de una planta de ciclo combinado que Iberdrola construiría en Tuxpan, Veracruz, cambiaron el rumbo de la interacción entre la administración y una de las mayores empresas eléctricas con operaciones en el país.
Iberdrola ya ha presentado algunos amparos ante la justicia mexicana para detener algunos de los cambios regulatorios hechos desde la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía. Pero, hasta ahora, no se conocía de algún procedimiento judicial de rango internacional entre las partes.
