El último Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Mayorista (Prodesen), uno de los documentos clave gubernamentales en materia energética, plantea emisiones de CO2 por 96 millones de toneladas en 2030. Este dato toma como base un escenario en el cual el país aumente de manera progresiva el uso de energía eléctrica producida en centrales eólicas y solares para cumplir con las metas a las que se ha comprometido a nivel internacional.
Pero, de aprobarse la reforma, el estudio, hecho desde la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del CCE, plantea que en 2030 México reporte emisiones de entre 156 y 167 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Este último dato es parte del escenario más alto.
“En la medida en que se privilegie estas tecnologías, que es lo que dice la reforma, que se va a privilegiar el despacho de las centrales de la CFE, pues evidentemente van a aumentar las emisiones. En el caso de los privados que generan con combustibles fósiles, lo principal que tienen es ciclo combinado [generación con gas natural]. Sin embargo, estos ciclos combinados o cogeneraciones eficientes privadas, mucho más eficientes en emisiones, también serán desplazadas [con la reforma]“, dice Jose Ramón Ardavín, el director de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. La reforma plantea que las centrales eléctricas que funcionan bajo gas natural y las más utilizadas para transitar del uso de combustibles fósiles a renovables, queden al final de la fila de despacho.
En un supuesto de que la reforma fuera aprobada en lo que resta del año, ya para 2023 el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero sería de entre 41 y 47% en comparación con el escenario planteado por la Sener en línea del cumplimiento de las metas que se ha puesto México en el Acuerdo de París.
De aprobarse la reforma en los términos actuales, como la ha enviado el presidente, algunas centrales de la CFE, como las carboeléctricas o de combustión interna, que estaban planeadas para salir de despacho en los próximos años, podrán continuar en operaciones y produciendo electricidad por encima de centrales solares y eólicas que, debido a la forma en que se planteó la reforma de 2013, son propiedad de la iniciativa privada.
