Hay 38 juicios en contra de esta medida, pero no todos fueron iniciados por compañías privadas.
Con el acuerdo, la Secretaría de Energía ya no otorgará permisos de importación y exportación de combustibles con una duración de hasta 20 años, sino que ahora serán concedidas por un máximo de cinco años tomando como base los principios de la política pública actual, basada en la “soberanía energética del país”. El acuerdo también establece que los permisos con una duración de cinco años sólo podrán ser prorrogados por un periodo similar y los que fueron otorgados para un año, solo podrán lograr dos extensiones por el mismo tiempo.
“Las actividades de la Secretaría de Energía en materia de otorgamiento y supervisión de los permisos previos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos se orientarán con base en los objetivos de la política pública en materia energética, incluyendo los de seguridad energética del país, sustentabilidad, continuidad del suministro de combustibles y la diversificación de mercados”, se lee en el proyecto publicado en diciembre del 2020.
Algunos organismos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, han asegurado que este proyecto amplía la discrecionalidad de la Sener para otorgar nuevos permisos y distorsiona la figura administrativa de estos. “Lo convierte en un instrumento de política pública para controlar la balanza energética, fomentar el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras, así como evitar fraudes y contrabando”, dice el ente antimonopolios en un comunicado de 2020.
El mercado de importación de combustibles se abrió a las compañías privadas con la reforma de 2013. En poco tiempo, la estatal Pemex perdió participación de manera significativa en el mercado en las compras de combustible desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos.
En 2016, cuando comenzó la entrada de nuevas compañías, la estatal Pemex tenía el 100% en el mercado de importaciones de todos los combustibles. Ya, para 2021, sus compras de diésel se recortaron en 50% y las de diésel y gasolina representan alrededor del 70% del total.
El gobierno federal también ha aumentado la vigilancia sobre los importadores privados de combustibles. Desde el año pasado, la Sener, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Reguladora de Energía comenzaron una serie de verificaciones periódicas a terminales de almacenamiento, de importación y a otros puntos de la cadena logística en búsqueda de irregularidades relacionadas con la internación de los productos.
