El evento denominado Wind Power reúne a los participantes del mercado renovable. La última vez que se celebró de manera presencial fue en marzo de hace dos años, para ese momento ningún cambio regulatorio había sido presentado. Hoy una reforma constitucional está en el Congreso.
“Muchas veces a la decisiones estratégicas se le entra con prejuicio. Prejuicios por hacerlo nosotros por el cambio de gobierno. No solo es que desde el sector gubernamental ya tenemos rechazo, sino al contrario, lo hemos sentido de igual forma, pero finalmente el gobierno del presidente es el gobierno democráticamente constituido y electo por una amplia mayoría del país que pidió un cambio particularmente en estos temas”, dice a medios Walter Angel Jiménez, director general de energías limpias de la Secretaría de Energía (Sener), quien ha asistido en lugar de la titular de la dependencia que estaba anunciada en un programa preliminar, pero cuya asistencia no fue confirmada.
Así, el encuentro entre un representante del gobierno federal y el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) se dio de nueva cuenta este martes, aunque de manera breve. La conversación versó entre la necesidad de una discusión y la apertura de un diálogo. La plática de apenas unos minutos terminó con la promesa de un próximo encuentro.
Pero esa última conversación no ha sido suficiente para cambiar la percepción de la iniciativa privada.
La postura de los privados
Leopoldo Rodríguez, el presidente de la asociación que reúne a los generadores eólicos, dice que no ha encontrado una señal que le dé visibilidad de una apertura en el diálogo.
Los participantes privados del mercado insisten en que no es necesaria una reforma para modificar las reglas con las que no está de acuerdo el gobierno morenista. La administración federal ha mantenido el discurso de que la reforma es necesaria porque el sector privado no ha permitido ningún cambio de menor escala, como las modificaciones a las leyes secundarias o la publicación de los programas sectoriales que marcan el vector de la política eléctrica.
“Esto es muy simple. Se han quejado de los amparos y demás, (pero) el tema es que todos los amparos que se han propuesto a nivel regulatorio e inclusive a nivel de ley nunca se dialogaron”, dice Rodríguez en entrevista.
Los jueces especializados en competencia han detenido, entre otros, los cambios a la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias, la política de confiabilidad y las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue aprobada por el Congreso el año pasado. “No ha habido un diálogo de lo que se quiera resolver. Si no hay un diálogo y llega una propuesta que es radical (…) no hay otro camino que lo que la ley permite”, dice el representante del sector renovable.
Pero la visión del sector gubernamental es totalmente contraria.
La visión de la Sener
Walter Angel Jiménez, un ingeniero de la UNAM y un ex asesor parlamentario, dice que las políticas propuestas contenían beneficios para el sector industrial, pero que el prejuicio que existe ante el gobierno federal impide que se analice de manera crítica cada una de las iniciativas. “Siento que ese prejuicio es el que ha impedido una colaboración abierta y un diálogo permanente, pero estamos construyéndolo también”, explica en una entrevista. “Llegamos a proponer políticas que se rechazaron y que beneficiaban mucho a los sectores industriales de zonas donde se tiene deficiente accesos a la red nacional de transmisión y que se detuvieron básicamente porque lo hicimos nosotros”.
El directivo de la Sener dice que, por ejemplo, la dependencia buscaba implementar zonas especiales para detonar la generación distribuida. Pero que el cambio fue detenido cuando se presentaron amparos para suspender el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.
¿El problema son las energías renovables o el modelo de negocio?
Pero la percepción de los generadores de energía renovable es totalmente contraria. La discusión de la reforma se ha centrado en un discurso en contra de las energías renovables. Las centrales que funcionan con sol o viento serán despachadas después de las plantas de la estatal CFE. Rodríguez, que dice que una de sus principales fortalezas es la de buscar siempre un diálogo, explica que la reforma es “destructiva de valor” y que “varias de las propuestas que se han hecho quiebran empresas literalmente”. Esa misma impresión se repite entre el resto de los participantes del mercado.
Un parlamento abierto en la Cámara de Diputados hace unas semanas y que se alargó durante mes y medio ha sido el acercamiento más significativo entre las partes.
El foro puso de frente por primera vez a las dos partes de la discusión, que sostienen posturas totalmente polarizadas. Pero las grandes compañías decidieron no participar, pese a una invitación del legislativo y la asistencia de la secretaría Nahle fue corta, con un discurso sobre la importancia de la estatal CFE, pero que no ahondó en la discusión.
Los tiempos aún no están definidos y la iniciativa de reforma parece que se ha estancado en el legislativo. Rodríguez, el presidente de la Amdee, se dice incrédulo en un cambio desde el gobierno federal para abrirse a la conversación. Asegura que la apertura de los responsables de la política energética se ha mantenido “más o menos en la misma línea” que en los tres años que van del sexenio.
