Una lluvia de amparos
El siguiente paso se dará en los juzgados especializados en competencia y los tribunales colegiados. Estos tomarán la decisión de otorgar los amparos para decidir a quién le serán aplicadas o no las reglas que marcan este cambio a la legislación aprobada por el Congreso el año pasado, pero hasta ahora detenida en tribunales.
Las compañías participantes del mercado presentaron amparos después de que el Congreso avaló la reforma. La mayoría obtuvo suspensiones provisionales o definitivas, lo que detuvo de manera temporal la entrada en vigor de los cambios, pero las decisiones de fondo no han sido tomadas. Los abogados explican que mientras que antes las suspensiones se otorgaban de manera general, ahora se ha entrado en un proceso en que los casos serán resueltos de manera muy particular y tomando en cuenta la singularidad de cada uno de los que han pedido ser declarados como afectados.
Los tribunales colegiados esperaban el fallo de la Corte para continuar con el proceso y dictar una resolución final. Una declaración de inconstitucionalidad sobre la reforma habría derivado en un resultado favorecedor hacia las compañías, que habrían tenido una resolución a su favor en estos amparos. Toda vez que la decisión de la Corte tendría que haberse replicado en el resto de los procesos.
Pero ahora, los casos deberán ser resueltos en lo individual y los jueces y tribunales sólo tomarán lo sucedido ayer en la Corte como una guía sobre hacia dónde conducir su decisión final, pero aún gozarán de libertad de jurisdicción. “Finalmente no hay una votación calificada para uno u otro lado y, por lo tanto, no hay un criterio de la Corte que obligue a resolver amparos en uno u otro sentido”, explica Cortés.
La industria ya ha perdido la cuenta de la cantidad de amparos iniciados por las compañías privadas. Existen algunos otros presentados por organismos de la sociedad civil, como la ambientalista Greenpeace, que apelaban al derecho a un medio ambiente sano. Los abogados no se atreven a mencionar qué sucederá con estos procesos. Los juzgados y colegiados también tendrán la última palabra.
Los escenarios posibles, uno más optimista que otro
Existen posiciones contrarias entre qué pasará con el contenido de la reforma. Los analistas se dividen entre quienes aseguran que se intentará ejecutar la ley y quienes creen que para comenzar con esto aún queda un camino por recorrer. “Ya hay sentencias que favorecen a ciertas empresas, a ellas no se les podrían aplicar esos criterios. La LIE sigue suspendida y no dejará de estarlo hasta que se revoque la última suspensión”, explica Julia González Calvillo, asociada senior del despacho Gonzalez Calvillo.
Pero del lado pesimista, los abogados ya esperan cambios próximos a los reglamentos, modificación a las bases del mercado eléctrico y la revocación de algunos permisos de generación.
La reforma, enviada desde presidencia en los primeros meses del año pasado, quiere, entre otras cosas modificar la forma en que se despacha la energía eléctrica para poner al inicio de la fila a las hidroeléctricas y pretende poner a revisión los contratos otorgados a los privados durante administraciones pasadas, bajo las figuras de autoabastos o Productores Independientes de Energía. Estos dos incisos, considerados como las partes más álgidas de la reforma a la LIE, fueron los que lograron la mayor cantidad de votos en contra.
También modifica la forma en que se emiten los Certificados de Energías Limpias y quita a la estatal CFE la obligación de convocar a subastas para adquirir nueva capacidad de generación eléctrica, dándole la facultad de usar las centrales que ya estaban listadas para salir.
Los abogados aseguran que debido a la gran cantidad de amparos, una sala de la Corte podría atraer uno de estos casos y sentar un precedente obligatorio para el resto de los casos.
El proceso aún es largo y la reforma constitucional podría tener el mayor peso sobre esto. Si la iniciativa, próxima a ser votada la siguiente semana, logra ser aprobada en ambas Cámaras, los amparos de las organizaciones y la iniciativa privada serían desechados y ya no existiría instrumento legal que logre parar los cambios promovidos por el gobierno federal.
