Los cambios a la LIE han despertado una serie de opiniones polarizadas, divididas entre quienes aseguran que es un fuerte atentado hacia la inversión privada y las fuentes de generación renovables, y quienes defienden que el objetivo es solo fortalecer a la estatal CFE y devolver al Estado el rol principal en una industria fundamental, como la eléctrica.
La reforma agrupa todos los cambios impulsados por la administración federal desde el inicio del sexenio, a través de acuerdos y políticas, pero que no habían podido ponerse en marcha debido a una serie de amparos ganados por organizaciones civiles, ambientales y la iniciativa privada, además de un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Pero pese a que el poder judicial no falló a su favor, la administración del presidente López Obrador siguió adelante con su plan de devolver a la CFE al centro del mercado eléctrico. Estas son algunas claves para entender los cambios que supondrá la reforma en el sector y el impacto en la manera en la que hasta ahora funciona el mercado:
Las plantas de CFE, al inicio de la fila
El principal cambio de la regulación, y el que más preocupa a la iniciativa privada, consiste en una modificación en la forma en que se sube la electricidad al sistema.
La reforma energética, a través de la LIE, dejó establecido que el orden en que se utiliza la electricidad generada en centrales privadas y del Estado estaría basado en un criterio económico. Es decir, la energía con costos variables más bajos sería la primera en subir al sistema.
Así, las centrales eólicas y renovables eran las primeras en usarse y al final de la fila quedaban las plantas que funcionan a base de combustibles fósiles, que tienen un costo más alto debido al precio de las fuentes de generación.
La estatal CFE, comandada por Manuel Bartlett, ha reclamado reiteradamente que este orden provocó que algunas de sus plantas salieran de despacho o fueran subutilizadas, como las que funcionan a base de carbón.
Ahora, con la reforma, el orden quedará así: la energía generada en las hidroeléctricas de la CFE, el resto de las centrales estatales –sin importar el combustible que usen–, la correspondiente a los productores independientes de energía, las plantas renovables y el resto de las centrales propiedad de las compañías privadas –como aquellas resultantes de las subastas eléctricas–.
Adiós a las subastas eléctricas
La reforma a la LIE elimina la obligación de CFE para acudir a las subastas eléctricas, si es que la compañía nacional requiere tener nueva capacidad de generación.
Las subastas son un instrumento diseñado en la administración pasada para llevar a las compañías privadas a competir por ofrecer los precios más bajos a la estatal CFE, quien aún posee el monopolio de la distribución y transmisión de energía. Así, la compañía tenía la opción de contratar energía eléctrica a bajo costo, principalmente resultante de plantas solares y eólicas.
Con esto se buscaba fomentar la construcción de nuevas centrales eléctricas –principalmente renovables– que con el tiempo pudieran suplir a las ya existentes y viejas plantas de la compañía dirigida por Manuel Bartlett.
Una de las primeras acciones en este sexenio fue la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo en febrero de 2019, pero con los cambios regulatorios aprobados ayer se elimina formalmente el uso de estos instrumentos.
