Tras ello, los jueces y tribunales comenzarán a resolver de fondo los cerca de 250 amparos que se presentaron para evitar la puesta en marcha de la reforma secundaria, que contiene una gran cantidad de los preceptos incluidos en la reforma constitucional, como la revisión a contratos y el orden en que se toma la electricidad.
La administración federal podrá echar a andar las medidas hasta que se revoque la última suspensión –un paso antes de la resolución de fondo–, pero los abogados no se atreven a dar un plazo sobre cuánto durará este proceso. Una parte ya ha comenzado y los tribunales han empezado a levantar algunas de las suspensiones por considerar que las medidas provocarán afectaciones hasta el momento de su aplicación. Y con ello, el camino para que el gobierno federal comience a echar las medidas va quedando más libre.
Pero la decisión de fondo no ha sido tomada y la resolución del futuro de los amparos quedará en los jueces de distrito y en los tribunales colegiados que ahora deberán pronunciarse sobre las afectaciones de las medidas.
“El accionar del mercado depende de si uno es exitoso en sus amparos o no. Ahora vamos a estar en una combinación entre que sí hay algunas disposiciones de la ley que van a aplicarse, pero que a lo mejor las empresas no hacen nada porque no tuvieron afectaciones, y aquellos que sí las tuvieron y por ende se ampararon muy probablemente tendrán la protección de la justicia federal y los eximirá del cumplimiento de la ley a como fue reformada”, dice Daniel Sánchez, de Baker & McKenzie.
Hasta ahora, dicen las fuentes, es complicado determinar qué partes de la reforma a la LIE se echarán a andar después de la actuación de la Suprema Corte. “Va a ser como un híbrido entre lo que ya establece la ley y empieza aplicar, y lo que se impugnó y se va a suspender”, dice el abogado de Baker & McKenzie.
Tras la votación de la Corte –y al obtener más de ocho votos–, algunos preceptos fueron declarados como válidos, como los principios que deberá seguir el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para despachar la electricidad, el concepto de fraude a la ley como causal de revocación de un permiso, así como la revisión y probable cancelación de contratos con productores independientes de energía. Otros tantos no reunieron el número de votos para sacarse del marco jurídico, como cambiar la metodología para la emisión de los Certificados de Energías Limpias y priorizar en el despacho a las centrales eléctricas legadas, aquellas construidas antes de la reforma energética.
En el primer caso, los abogados del sector se dividen entre quienes defienden que no podrán ser detenidos mediante juicios de amparo porque la decisión de la corte marcó un precedente, y quienes aseguran que las compañías podrán presentar de nueva cuenta amparos en caso de que los cambios les representen afectaciones directas.
“La Suprema Corte determinó que ciertas porciones de la reforma eran constitucionales, como el hecho que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pueda revocar permisos. En temas como ese, y más específicos, las empresas tendrán que defenderse ya por batallas concretas”, dice José María Lujambio, un abogado del sector y exdirector jurídico del regulador.
Como sea, los especialistas aseguran que una nueva ola de amparos llegará al sector. Y este proceso podría dejar a la reforma a la LIE como “un elefante en la habitación”, dice Lujambio.
Las compañías ya han comenzado a preparar estrategias y a esperar los fallos de manera individual para determinar las acciones a seguir. Los arbitrajes internacionales aún no están descartados, pero eso es aún un paso mayor.
“Que para la Corte estos artículos sigan siendo válidos, no quiere decir que no puedan seguir siendo combatidos en los amparos. Los amparos van a continuar y pudiéramos tener que los juzgados de distrito resuelvan, en alguno de ellos, como los especializados en materia económica, que sí atentan contra la competencia”, explica Carlos Ochoa, socio de la Práctica de Energía del despacho Holland & Knight. “Tendrás elementos suficientes para defenderte en una segunda etapa”.
Tras la negativa en el Congreso, el presidente ha basado su plan B en su reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio y en la decisión de la Suprema Corte. Pero de la efectividad de lo segundo los juristas del sector no están seguros.
