El presidente ha minimizado la petición de consultas de Estados Unidos y Canadá respecto a la política energética mexicana, pero en la realidad este proceso podría modificar los planes que el mandatario ha defendido para fortalecer a Pemex y CFE.
El gobierno mexicano ya ha recibido los documentos de petición de ambos países para el inicio de las consultas de resolución de disputas. En los próximos 30 días, según los lineamientos, las partes comenzarán con las negociaciones que serán privadas y que podrían tomar más de un par de meses. La administración mexicana podría no estar a favor con los actos reclamados por sus contrapartes, pero los acuerdos que de ahí se desprendan –en dado caso de llegar a una resolución– serán vinculantes, es decir, el Estado mexicano estará obligado a modificar sus políticas, aunque esto vaya contra los objetivos presidenciales.
"Las consultas no son vinculantes a menos que las partes alcancen y acepten un acuerdo", dice Alfonso Cortéz-Fernández, un abogado y socio de Baker McKenzie. En la aspiración de no aumentar el tono de las disputas, la administración mexicana, según ha dicho la Secretaría de Economía, intentará llegar a un acuerdo en esta fase.
La siguiente fase sería el cumplimiento de lo acordado o el gobierno mexicano podría afrontar algunas medidas que modifiquen la dinámica de otros sectores exportadores. Los socios comerciales podrán implementar algunas medidas compensatorias, como sanciones y aranceles, y México tendría nulos argumentos para echar hacia atrás estas medidas, explican los abogados consultados.
