¿Qué es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida?
Desde la entrada en vigor del T-MEC, el 1 de julio de 2020, el país está obligado a garantizar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Ambos derechos, que también se encuentran contenidos en el Capítulo 23 y Anexo 23-A del acuerdo, impulsaron la Reforma Laboral de 2019, mediante la cual se creó el CFCRL, encargado en su totalidad de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo sostenidos entre los trabajadores y las empresas en el país.
La administración demócrata de Estados Unidos ha puesto un especial énfasis en que se cumpla el derecho de los trabajadores por elegir a sus sindicatos en el sector automotriz, a fin de tener un piso más parejo en cuanto a salarios y prestaciones. En el pasado, sindicatos automotrices de Estados Unidos y Canadá acusaron a México de valerse de sus sindicatos para hacer 'domping salarial'. Es decir, negociar con las armadoras y sus proveedores salarios y condiciones laborales que estaban muy por debajo de la media regional.
Mientras que en Estados Unidos y Canadá los salarios automotrices superan los 15 dólares por hora, en México rondan los 3 dólares, según datos del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).
Para equilibrar la balanza, un ala muy liberal del partido demócrata presionó en 2020 para tener un T-MEC más estricto en el tema laboral para México. El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) fue la salida a esta demanda.
Este mecanismo está diseñado para reparar violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en empresas e instalaciones que produzcan bienes o presten servicios que sean objeto de comercio entre los países del T-MEC. A diferencia de otros mecanismos de resolución de controversias, las sanciones comerciales derivadas del MLRR no son aplicables al sector productivo completo, sino directamente a las empresas involucradas. Además, se caracteriza por la rapidez prevista en sus respuestas, ya que puede resolver una controversia en aproximadamente cuatro meses.
Los cinco casos
Tras activar el mecanismo en la planta mexicana de General Motors, el gobierno estadounidense decidió hacerlo nuevamente en junio del año pasado, tras la supuesta negación de los derechos laborales de los trabajadores en la fábrica de autopartes de Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado publicado en agosto que la resolución tardó sólo tres meses, un periodo menor al contemplado por la Secretaría de Economía. Como parte del acuerdo, Tridonex se comprometió a pagar nueve meses de salarios, más antigüedad, a 154 trabajadores dados de baja. El monto total de pago atrasado fue de más de 600,000 dólares.
Aunque el USTR dijo que la resolución de este caso era la primera relacionada con una petición de activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, la Secretaría de Economía dijo en otro comunicado que no era así.
Pasó casi un año para que Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, decidiera, en mayo de este año, activar por tercera ocasión dicho mecanismo. Esta vez, en la planta de Panasonic Automotive Systems de México, ubicada en Reynosa, Tamaulipas.
En junio, Panasonic y el sindicato recientemente electo, el SNITIS, acordaron un aumento salarial de 9.5% como parte de un nuevo contrato que se implementará si se aprueba en una votación de los trabajadores.
Una semana después de solicitar la activación del mecanismo en la factoría de Panasonic, el USTR lo activó por cuarta ocasión el pasado 6 de junio, también por la supuesta negación de los derechos de libre asociación y negociación colectiva en la planta de Teksid Hierro, la cual se dedica a la producción y venta de componentes para la industria automotriz.
La quinta solicitud llegó hace menos de dos semanas, por la misma situación en materia de representatividad laboral en la planta de VU Manufacturing, ubicada en Piedras Negras, Coahuila, la cual se encarga, principalmente, de hacer componentes para asientos de automóviles. El viernes de la semana pasada, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, dijo que revisará el caso “para determinar si existe o no una denegación”.
La Confederación de Trabajadores de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y sindicatos independientes, son algunos de las organizaciones que han peleado por la representatividad de los 900,000 trabajadores de la industria automotriz.
“México ha desarrollado una actividad automotriz muy importante. Entendemos que el gran reclamo que tiene hoy (Estados Unidos), es sobre todo de su sector obrero… Porque México ha incrementado en gran medida su relevancia en el sector automotriz (en Norteamérica) y sabemos que el sector automotriz es una rama que mueve a otras industrias”, asevera Alfredo Domínguez Marrufo, director del CFCRL en entrevista con Expansión.
Al cierre de 2021, México se mantuvo como el séptimo productor de vehículos a nivel mundial y como el principal importador de vehículos hacia Estados Unidos, de acuerdo con datos compartidos por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
¿Un mecanismo que está de moda?
El CFCRL, que considera a la industria automotriz como un sector “estratégico” para los tres socios del T-MEC, dice en entrevista con Expansión que en el segundo semestre de este año, Estados Unidos podría seguir haciendo uso de este recurso para echar por tierra los llamados contratos colectivos de trabajo "de protección", es decir que favorecen los intereses de las empresas, en un momento en el que nuevas inversiones están en juego.
“Para nosotros será muy natural que se vayan detonando más quejas a la mínima alerta de denegación de derechos en los términos en lo que se plantea este anexo laboral”, añade Domínguez Marrufo, sin precisar un número sobre los Mecanismos Laboral de Respuesta Rápida que puedan solicitarse para la recta final de este año.
Antes los contratos colectivos de trabajo se negociaban entre los líderes u abogados sindicales y las empresas, sin que los propios trabajadores se enterasen a dónde estaban afiliados o qué incluía este contrato. Ahora este proceso de afiliación debe transparentarse.
Además, los trabajadores del sector son, quizá, quienes "están más al tanto" de los cambios regulatorios por la Reforma Laboral y el T-MEC.
“Si ellos continúan en ese viejo modelo de relación laboral, evidentemente habrá quejas… Tenemos un sector cuyos trabajadores tienen un desarrollo de conciencia obrera, así lo podemos llamar, por eso están hoy exigiendo esos derechos. Están más informados y saben los términos en los que se ha pactado este tratado, que les garantiza el derecho de elegir libremente al sindicato que los va a representar en la negociación colectiva”, concluye.
