Desde entonces, la firma luchó en tribunales locales por recuperar un lugar en las lucrativas importaciones de combustibles en México, que está entre los cinco principales importadores mundiales con 15,000 millones de dólares en todo 2021 y 14,000 millones de dólares este año, en medio de un alza de precios, según datos oficiales.
Trafigura logró una primera, pero no proporcionó detalles sobre el estado de las importaciones.
Segundo frente
Pero la firma encara otra batalla. El SAT la eliminó de la lista de compañías autorizadas para importar petrolíferos tres días antes de que el juez ratificara en mayo su fallo de regresarle los permisos suspendidos.
El SAT argumentó que la exclusión se debió a un adeudo fiscal equivalente a unos 10.6 millones de dólares, no a los permisos en disputa, mostró uno de los documentos. El juez ordenó a la Sener notificar al SAT que la empresa no fuera dada de baja del padrón de importadores.
Ni Sener ni el SAT respondieron a solicitudes de Reuters para comentar sobre la disputa con Trafigura.
La secretaría nunca explicó públicamente el porqué del retiro de los permisos, pero en los documentos argumenta un "mal uso", pues la empresa transportó productos en buquetanque y no a través de un ducto que conectaría a una terminal marítima en el estado Veracruz, como aseguró se establece en los permisos.
Trafigura alega que no ha violado las condiciones de los permisos y que la logística del transporte no "supone una variación de esas condiciones", además de que no está obligada a "utilizar cierta infraestructura ni contemplan el uso exclusivo de una determinada", señalan los papeles del tribunal.
La administración de López Obrador, un nacionalista en materia energética, ha hecho grandes esfuerzos por revertir la apertura del sector realizada en el gobierno que le precedió.
Desde que llegó al poder a finales del 2018 ha cerrado la puerta a nuevas subastas de contratos de hidrocarburos a empresas privadas y extranjeras y ha impulsado políticas para fortalecer a las dos grandes estatales del sector, la petrolera Pemex y la generadora de electricidad CFE.
El regulador del sector ha cancelado más de 300 permisos de comercialización de petrolíferos, petróleo, condensados y gas natural, entre ellos a la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell y a la española Iberdrola.
Canadá y Estados Unidos solicitaron en julio conversaciones dentro del acuerdo de América del Norte (TMEC) acusando que las políticas energéticas mexicanas son discriminatorias y posiblemente vibratorias del pacto regional.
Las consultas de los socios mexicanos se dan tras reiterados reclamos de empresas estadounidenses y de Washington sobre el devenir de las políticas mexicanas en el sector energético y representan la disputa más seria entre los socios del TMEC, que podrían llevar a México a costosas represalias comerciales.
