El pasado 26 de agosto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la concentración de Warner Media, propiedad de AT&T, y Discovery para crear un nuevo gigante de contenidos de streaming. La fusión de ambas compañías incluyen negocios y operaciones, y activos tangibles e intangibles –subsidiarias mexicanas de Warner Media-, así como la distribución directa al consumidor de HBO Max en México.
“Derivado de los actos para transferir el negocio internacional de Warnermedia, incluyendo arreglos para separar solo parte del negocio mexicano, la concentración, en sus nuevos términos, superó los umbrales establecidos en el artículo 86, fracción II de la LFCE, por lo que debía ser notificada a la Cofece, lo cual no aconteció, lo que le impidió a esta autoridad analizar la operación de conformidad con lo establecido en la Ley”, apunta la Cofece en un comunicado.
La fusión entre los gigantes del entretenimiento diversas subsidiarias extranjeras con efectos y nexos materiales en México, pues reciben ingresos y ventas originadas en territorio nacional.
Cuando el IFT informó de la autorización de la fusión entre ambos gigantes del streaming advirtió que para la resolución identificó que Warner Media participa al estar en el mercado de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales para TV de paga en la categoría programática infantil, a través de los canales de Cartoon Network y Cartoonito (antes propiedad de Warner Media), así como de Discovery Kids (antes propiedad de Discovery), esto podría representar un riesgo a la competencia.
Sin embargo, el órgano regulador de las telecomunicaciones aseguró que ambas compañías, de forma voluntaria, presentaron una propuesta para "remediar cualquier riesgo a la competencia", y que considera atender y negociar todas las solicitudes de acceso a los canales restringidos de Warner Media que realice cualquier operador del servicio de TV de paga.
La Cofece ha iniciado un procedimiento de verificación (expediente VCN-005-2022) y una vez resuelto el asunto y notificadas las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece.
