El deseo del presidente López Obrador por colocarse en los libros de historia no es ningún secreto. Sus referencias continuas a Benito Juárez, Francisco I.Madero y Lázaro Cárdenas infieren que el morenista busca ser recordado como el número cuatro de esa lista, que él mismo ha diseñado. “Siempre habrá un uso político de la historia”, dice Gilberto Urbina, un doctor en historia por el Colegio de México. Pero aunque el presidente tabasqueño compare de manera continua lo hecho por Cárdenas con los cambios regulatorios hechos en su administración, los momentos son muy distintos y el impacto de las acciones están separadas por una larga distancia.
El caso de Cárdenas, recuerdan los historiadores y académicos entrevistados, fue una puja por derechos laborales. Las petroleras privadas y nacionales se habían instalado en la época porfirista a través de grandes incentivos, y años después se rehusaron a cumplir con un contrato colectivo de trabajo con los obreros de la industria, desacatando incluso un fallo de la Suprema Corte bajo el argumento de no contar con la liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones laborales.
En ese entonces, Cárdenas fungió como un mero intermediario entre los sindicatos –recién formados– y las compañías privadas. Y la decisión de expropiación fue una medida para hacer cumplir con las leyes mexicanas. Pero nunca se trató de quitar a las compañías –la estatal Pemex aún no figuraba– sus activos e intentar dejar en el Estado mexicano la explotación del petróleo, dice el escritor e historiador Alejandro Rosas.
“No fue un asunto de rescatar la soberanía nacional; si alguien tenía una buena concepción de que se podía combinar la inversión extranjera con la nacional pública y privada era el propio Cárdenas. Él no tenía este discurso que afirma que los extranjeros nos han saqueado, este es un discurso que en realidad utilizó mucho el PRI durante el siglo XX”, explica Rosas.
La administración morenista ha basado su política energética en no dar nuevos contratos a compañías privadas: ha suspendido las rondas petroleras que se abrieron el sexenio pasado, acabó con las subastas eléctricas para que compañías privadas generen electricidad y ha frenado los nuevos permisos para la industria eléctrica y de petrolíferos, para concentrar recursos gubernamentales en las las estatales Pemex y CFE y devolverles el protagonismo que se les quitó con la apertura del mercado.
Pero sobre el espíritu de la expropiación petrolera de hace ocho décadas, poco se refleja ahora. Lo de ahora ha sido volver al uso continúo del petróleo como símbolo en el discurso político, dicen los académicos.
El ejemplo de una búsqueda de emular el discurso cardenista podría encontrarse en los últimos cambios hechos a la Ley Minera y el último decreto sobre el litio, que prohíbe a empresas extranjeras explotar el metal y le deja al Estado la tarea de liderar todas las actividades de la cadena de producción. Aún no queda claro cuál será el plan alrededor de la extracción del litio, pero en el discurso presidencial y de sus simpatizantes esto se ha comparado en más de una ocasión con la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica.
“El concepto que se tenía de soberanía en 1938 ya ni siquiera es el mismo de ahora, no estamos siendo invadidos y nadie nos ha arrebatado nada. Todo lo que se ha hecho de inversión extranjera privada es a través de las leyes y los contratos”, dice el escritor Alejandro Rosas.
La manifestación de esta tarde en el Zócalo será una cuarta vuelta a la dinámica de movilizaciones iniciadas por la oposición en contra del gobierno obradorista. La industria petrolera se está utilizando hoy como símbolo –como en el resto del sexenio–, trayendo de vuelta una práctica común del discurso priísta, dicen los académicos. Pero de fondo, explican, la finalidad es continuar demostrando la capacidad del presidente para reunir a masas de frente a las elecciones presidenciales del año próximo.
“López Obrador se está ciñendo a uno de los principales discursos del cardenismo, que dice que no se debe excluir a nadie o la existencia de una moral pública y que el Estado se fije en el bienestar de la población. Creo que en esa parte sí se ha seguido esa línea, pero cuando hablamos de la expropiación se convierten en contextos y acciones totalmente diferentes”, dice Marcela Mijares, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Con la expropiación, Cárdenas logró reunir el apoyo de un gran sector de la población, principalmente obreros que ya estaban comenzando a agruparse en lo que son ahora las grandes confederaciones, pero también recibió el apoyo de la clase intelectual e incluso de la iglesia católica. La expropiación de sus activos a 17 petroleras se erige en los libros de historia y en muchas narraciones que evocan a la época como el factor de cohesión de la sociedad de ese momento, en la que una ideología nacionalista permeaba.
“En ese momento hubo una respuesta por parte de los sectores populares. ¿En el caso de lo que va a ocurrir hoy habrá una respuesta de los sectores populares, por llamarlos así? Yo creo que también, pero no sé hasta qué punto esta respuesta está condicionada. No creo que en esta ocasión el trabajador común y corriente vaya porque se siente representado en términos laborales o por las medidas tomadas para lograr la soberanía energética”, dice el historiador Gilberto Urbina.
