El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere limitar el monto que paga el gobierno a las empresas extranjeras cuando éste pierde un proceso en cortes internacionales. La iniciativa que busca hacer una cirugía mayor a la administración pública, y que ha comenzado a circular sin fecha aún de discusión, plantea como uno de los puntos el de modificar cuatro leyes secundarias para establecer límites a los montos de las indemnizaciones que podría pagar el Estado mexicano en un futuro.
En la iniciativa el gobierno argumenta que hay una tendencia a recurrir “abusivamente” a las instancias arbitrales que ha crecido “exponencialmente” en los últimos años. En el documento se cita que durante 2020 el pago de indemnizaciones a compañías –resultado de un laudo de este tipo– se cifró en casi 250 millones de dólares, como parte de una tendencia que ha aumentado constantemente.
Ahora, el gobierno obradorista busca poner un tope a los pagos de este tipo, pero los abogados del sector dudan del funcionamiento del mecanismo. La razón: una legislación local no puede quedar por encima de tratados internacionales, en los cuales se cimientan estos procedimientos, explican.
“Si lees el texto de la iniciativa, la intención parece ser esa [la de poner un tope a las sanciones que dicten juzgados internacionales]; sin embargo, el texto en el ordenamiento estaría limitado a actuaciones administrativas derivado de los compromisos internacionales existentes y las reglas para ejecución de ese tipo de laudos”, dice Bernardo Cortés, un abogado especializado en el mercado energético.
