El gobierno del presidente López Obrador decidió incluir dentro de su listado de compras a una de las centrales que la española opera en Monterrey bajo el modelo de autoabasto, una figura creada hace 30 años para satisfacer la demanda industrial, pero que ha sido denostada por Manuel Bartlett y el resto de los tomadores de decisiones de la política energética por supuestamente crear un boquete en las finanzas de la estatal.
La Comisión Reguladora de Energía impuso a Iberdrola la sanción bajo el argumento de que la compañía había comercializado electricidad a clientes industriales sin que esto le fuera permitido y la acusó de fraude a la ley tomando como argumento una serie de facturas que la española había entregado a sus clientes. Más de una central en el país llevan a cabo esta práctica, pero hasta ahora el regulador solo ha sancionado a la española.
El regulador, que impuso en la práctica la multa a Iberdrola, le había negado a inicios de 2022 modificar su permiso de generación, para migrar de la figura de autoabasto a ser un participante más del mercado eléctrico –un paso natural planteado en la reforma de 2013– y el contrato de interconexión que tenía la compañía con la CFE caducó ese mismo año. Ambas cosas eran necesarias para que Iberdrola continuara con la operación de la central en Monterrey. Así, la central quedó paralizada desde finales de enero del año pasado e Iberdrola no logró ponerla de nuevo en marcha y algunos de sus clientes industriales migraron a comprar electricidad a la estatal, han explicado fuentes de Iberdrola que han pedido no ser citadas. Estas mismas fuentes comentaron a Expansión que la CFE y los reguladores del mercado habían desacatado una orden judicial que les ordenaba reactivar la operación de la central. La estatal fue consultada, pero no respondió a una solicitud de comentarios.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron a Expansión que el gobierno incluyó en la lista de adquisiciones a la central en Monterrey que tenía, hasta hace poco, una gran cartera de clientes industriales. Un portavoz de la compañía se negó a hacer comentarios sobre la transacción.
El presidente dijo ayer durante el anuncio que con este acuerdo la CFE lograría generar 55.5% de la electricidad del país, desde 39% que tiene actualmente. Con la compra, la administración federal logra dos cometidos: incrementar la participación de la estatal y así regresarle el protagonismo en el sector y aumentar su presencia entre los clientes industriales.
En julio del año pasado un juez ordenó un freno temporal a la sanción que recibió la compañía. La española no está obligada a pagar por ahora los más de 9,000 millones de pesos que le urgía el gobierno federal, la multa quedó frenada por el tiempo en que dure la investigación. Ni los representantes de la compañía ni la administración presidencial se han pronunciado sobre el proceso, en el anuncio omitieron mencionar lo relacionado con los procesos judiciales que tienen abiertos. “Iberdrola seguirá prestando servicio a sus clientes actuales y ambas partes trabajarán conjuntamente para tratar de resolver las distintas controversias abiertas en el país en los últimos años”, ha dicho la empresa en un comunicado publicado ayer.
Dos centrales detenidas
El gobierno mexicano también ha decidido incluir en su lista de compras otras dos centrales protagonistas de procesos legales y a las que decidió parar su operación. El acuerdo objeto del memorándum, según las narraciones oficiales, incluye centrales que ya vendían electricidad a la estatal y a un par más que funcionaban con venta a clientes industriales. Y en ese mismo listado distribuido ayer resaltan dos centrales: Topolobampo III y Enertek.
Por la primera, la española y la CFE mantienen en la Corte de Londres un arbitraje internacional: Iberdrola nunca recibió un documento necesario para echar a andar la central ubicada en Sinaloa y demandaba al gobierno mexicano la devolución de al menos 2 millones de dólares que pagó como sanciones, un pago extra de 10 millones de dólares y una indemnización por daños, cuya cantidad no se hizo pública. En revés, y como contrademanda, la CFE pedía a la eléctrica española un pago por 190 millones de dólares.
Las partes argumentaban una serie de incumplimientos. La CFE decía que la compañía no había terminado a tiempo con la construcción de la central. La española defendía que el retraso se debió a una causa de fuerza mayor y pedía recurrir a una cláusula en el contrato que la liberaba de pagar una sanción de 16 millones de dólares a la que estaba condicionada la puesta en marcha de la central. Sin resolverse el tema de fondo, Topolobampo III que fue diseñada para vender energía a la estatal, ahora se unirá al parque de generación de la CFE. Iberdrola jamás logró llevar la central a operación, confirmaron fuentes cercanas al proceso.
Enertek, en Tamaulipas, también está detenida. Iberdrola no ha logrado echar a andar esta central, cuya operación fue pausada en septiembre del año pasado, pese a una serie de procesos judiciales que ha abierto en el país. La historia es muy similar a la central que ha comprado el gobierno en Monterrey: el regulador no le dio a la española el visto bueno para cambiar las condiciones de su permiso de generación y pasar del formato de autoabasto a ser un participante más del mercado eléctrico y la estatal CFE no le renovó el contrato de interconexión necesario para la operación.
Desde septiembre del año pasado la central en Tamaulipas no opera de manera comercial. La compañía privada abrió al menos tres procedimientos para buscar la operación de nueva cuenta contra la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la CFE. Hasta hace unas semanas, dijeron fuentes, la española continuaba en espera de una segunda solicitud hecha al regulador para modificar su permiso y entonces tener derecho a operar de nuevo.
Iberdrola cumplió hace poco –a inicios de febrero– un año desde que su primera central fue desconectada. En los siguientes meses se sumaron dos más: Enertek y el parque eólico San Felipe, en Guanajuato, que no fue incluido en la transacción.
Antes de que iniciará el sexenio, Iberdrola quería hacer de México su mayor centro de generación eléctrica, por encima de España. Ahora, la empresa europea dice que no se irá del país, pero con la compra se quedará con apenas poco más de 10% de lo que tenía cuando inició el gobierno obradorista.
