“Al menos no lastiman a la gente, pero se roban la herramienta especializada como son fusionadoras, y éstas son caras. Mucho de estos robos a veces es por encargo, porque hay personas del crimen organizado que tienen sistemas de telecomunicaciones en algunas partes del país”, explicó Yamuni a Expansión.
El caso más reciente, relata, es el centro de monitoreo clandestino que se descubrió en Teocaltiche, Jalisco, el cual estaba constituido por una red de cámaras y centros de monitoreo con una infraestructura que requiere de conectarse a las redes de telecomunicaciones.
“Estos centros de monitoreo, que ni siquiera los tiene el gobierno, para construirlos necesitan herramienta especializada como las de las telecomunicaciones y entonces encargan: 'tráeme la herramienta', porque obviamente no la compran”, asegura el directivo.
Hasta ahora no se tiene cuantificado el hurto de herramientas, ni del robo y corte de fibra óptica para las empresas de telecomunicaciones.
El directivo señaló que otro de los problemas que han enfrentado los técnicos de la empresa son los permisos, que, a través de ciertos horarios, otorgan personas del crimen organizado para que los colaboradores de la compañía puedan atender las redes de Megacable.
Actualmente la empresa de Guadalajara cuenta con 145,000 kilómetros de red y estima que, al año, su cableado tiene más de 1,000 eventos de vandalismo y afectaciones técnicas. La empresa, así como las demás compañías del sector, han tenido que valerse de la Guardia Nacional para resguardar la seguridad de sus técnicos cuando acuden a perímetros peligrosos para dar mantenimiento o tendido de red.
Raymundo Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable, agrega que debido a que la inseguridad ha aumentado, la empresa ha tenido que desplegar mecanismos de seguridad adicionales.
Por ejemplo, sólo los tramos carreteros de Veracruz colindante con Puebla, así como el de Hidalgo colindante con Querétaro, se han convertido en zonas de riesgo para sus trabajadores, por lo que han implementado un sistema de monitoreo del personal a través de GPS para ellos y para sus herramientas, aunado al pago de seguridad privada.
“Hasta ahora [el uso de la Guardia Nacional] no es algo que haya tenido grandes resultados, pero al menos están volteando a vernos la Subsecretaría ayudándonos, pero su apoyo no depende de ellos, sino del General de la Zona o del jefe de la Guardia Nacional porque el país está saturado”, lamenta Enrique Yamuni.
Las extorsiones, el otro factor
Las cabeceras municipales se han convertido en un lugar retador para desplegar infraestructura, debido a que cada una emite diferentes lineamientos o reglas para otorgar distintos permisos. Pero ahora a ello se ha sumado la extorsión.
De acuerdo con Emrique Yamuni, en Sinaloa y Oaxaca la empresa desmontó toda su red para evitar extorsiones que en diversas ocasiones exigen dinero, entre otras cosas para que, a cambio, obtengan un permiso para tender redes.
En otra ocasión, relata el directivo, la empresa tenía que llegar a un municipio que estaba asilado para prestar el servicio de internet, pero para llegar a él se tenía que pasar por un centro poblado que era liderado por un ejido, el cual pidió a la empresa 1,000 machetes, una cantidad no especificada de dinero, además de dar el servicio gratis a 100 personas, con la finalidad de acceder a un permiso para desplegar sus redes. “No accedimos. Decidimos irnos”.
“Hemos quitado redes para evitar extorsiones y (...) lo único que podemos recuperar son algunos equipos electrónicos, pero preferimos perder red. Tenemos que ser muy radicales en muchas ocasiones porque no podemos caer en la extorsión, de lo contrario no acabamos nunca con esto”, dice.
El directivo ha dicho que Megacable no aceptará que su empresa caiga en una extorsión debido a que si accede en una zona donde opera, en automático escalará la situación. Por ello, considera que es necesario que exista un Estado de derecho para que las empresas puedan operar de manera tranquila y segura.
