"Las empresas tienen todo el derecho de impugnar cualquier adición a los acuerdos ya firmados. No obstante, existe un compromiso con la sociedad para mejorar los sistemas ferroviarios, haciéndolos más productivos y alineados con la infraestructura internacional que abarca más de 26,000 kilómetros de vías, lo cual puede beneficiar al país. Aunque es probable que impugnen, debe haber sensatez por ambas partes y encontrar un punto de solución para implementar eficazmente el servicio de trenes de pasajeros", aseguró el presidente.
Este planteamiento surge debido a las considerables inversiones en infraestructura que estas empresas tendrían que realizar, no solo en las adaptaciones de las vías, sino también en la adquisición de vagones y en el acondicionamiento de terminales. "Definitivamente es una inversión elevada, y el gobierno deberá apoyar parte de ese financiamiento. Creo que, por este motivo, cualquier empresa con concesión actual impugnará. No resulta rentable", puntualizó.
En cuanto a la perspectiva legal, Luis Rodríguez Alemán, abogado especializado en derecho constitucional y administrativo, resaltó que algunas concesiones permiten al Estado otorgar una concesión a terceros para el transporte público de pasajeros, como lo mencionó el presidente López Obrador. No obstante, señaló que será necesario analizar el decreto.
"Reservando la lectura del decreto, creo que unilateralmente no puede modificar el contenido de la concesión, ya que estaría alterando cuestiones de derecho anteriores a la emisión, lo cual podría considerarse como una aplicación retroactiva, prohibida por la Constitución. Esto establece que las medidas administrativas no pueden operar de manera retroactiva, a menos que exista el consentimiento de las partes", enfatizó.
No obstante, indicó que si las empresas concesionarias están interesadas en participar en la licitación del transporte de pasajeros, pueden solicitar a la SICT las modificaciones necesarias en sus títulos de concesión que hasta ahora les prohíben el transporte de pasajeros.
Hasta ahora, CAF México, una empresa que diseña, fabrica e implanta sistemas integrales de movilidad, ha sido la única que se ha posicionado ante el reciente anuncio del presidente López Obrador para ampliar la red de trenes de pasajeros.
"Estamos interesados en participar en proyectos que mejoren la movilidad de las personas y cuiden el medio ambiente en México", según Maximiliano Zurita, su director general. A través de Ferrocarriles Suburbanos, la empresa ofrece un servicio de trenes de pasajeros de alta calidad y tecnología avanzada en Ciudad de México y el Estado de México.
La empresa ha invertido más de 13,000 millones de pesos en su planta en Huehuetoca, Estado de México, consolidándose como uno de los fabricantes de trenes que más inversiones ha realizado en México en los últimos 29 años. "Reiteramos nuestra intención de colaborar con empresas, asociaciones y el gobierno con el fin de proporcionar soluciones de movilidad que contribuyan al crecimiento y desarrollo de nuestro país y el cuidado del entorno", aseguró.
