El decreto nombrado Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue publicado el pasado 29 de enero de este año, seis días previos a que el mandatario presentara el paquete de reformas constitucionales que incluyen la desaparición de los organismos autónomos.
La nueva propuesta de reforma en materia de entes autónomos, que se votará en el Legislativo y en medio de tiempos electorales, el Estado busca ser el nuevo ‘regulador’ de las telecomunicaciones a través de la SICT a través de absorber facultades como elaborar y conducir las políticas del sector en temas de regulación, entregar concesiones de servicios y explotación de espectro, entre otras.
Pero hasta antes del decreto, la Secretaría no contaba con un área especializada en materia de telecomunicaciones. En medio de la emergencia sanitaria, la antes SCT eliminó a la Subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, como parte de la política de austeridad, la cual estaba encargada de delinear políticas públicas para la cobertura social en materia de conectividad, así como impulsar el despliegue de infraestructura.
Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones y líder del despacho Expanzione, asegura que el decreto puede ser entendido como una ‘red de protección’ en caso de que en efecto se apruebe la desaparición del IFT.
“Se podría entender que en un principio (las nuevas áreas) son para coadyuvar pero al mismo tiempo está la amenaza de la desaparición del Instituto. El tema es que el reglamento sale de una manera muy rápida e incluso anticipadamente al paquete de reformas del presidente y aquí no hay casualidades”, comenta el especialista.
¿Qué atribuciones tendrán las nuevas áreas de la SICT?
Con el decreto del mandatario las nuevas áreas contarán con atribuciones que desempeñaba la extinta Subsecretaria de la SCT, además de mantener una colaboración con el IFT. Sin embargo, algunas facultades se insertan en el campo del regulador.
Según el documento de decreto la nueva Dirección General de Inclusión Digital y Redes de Telecomunicaciones tendrá como atribuciones instrumentar las políticas, programas y proyectos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión e inclusión digital.
También tendrá como facultad garantizar el despliegue de infraestructura, promover la competencia, así como adquirir, establecer y operar directamente o, a través de terceros, infraestructura, redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, entre otras más.
Mientras que las atribuciones que tendrá y que más destacan de la Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión es elaborar los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías.
Además de proponer a una persona para programas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión e inclusión digital, así como aquéllos que promuevan la capacidad y servicios satelitales para las redes de seguridad nacional.
Y aunque pareciera que las facultades de las nuevas áreas están bien perfiladas, para Moreno Loza aún quedan dudas. El decreto no detalla la cantidad de personas que estarán al frente de cada división y los alcances que tendrán en la industria de las telecomunicaciones.
“Hasta ahora la SICT no sólo no cuentan con la capacidad técnica, también enfrenta el tema de déficit de colaboradores y en materia de telecomunicaciones se requiere de mucha gente”, dice.
Por ello, el analista asegura que el IFT no puede desaparecer por la capacidad técnica y el personal enfocada a los asuntos del sector, “y si sucede la Secretaría tendría que absorber parte de lo que es ahora el IFT para que siga funcionando de la misma manera”.
