En un comunicado oficial, el regulador señaló que, a partir del 14 de febrero, CFE Telecom contará con la facultad de proporcionar servicios a personas con limitaciones económicas o pertenecientes a grupos desfavorecidos desde el punto de vista económico, siempre y cuando esto se lleve a cabo en consonancia con programas y estrategias de inclusión digital universal. El Instituto enfatizó que esta medida no implica que la empresa estatal esté autorizada para distribuir sus productos de manera gratuita.
Asimismo, el IFT resaltó que esta iniciativa de provisión de servicios no deberá beneficiar a más de 4.2 millones de habitantes y deberá estar orientada a áreas con cobertura de tecnología de redes 3G y 4G. Además, se concederá a la entidad estatal la facultad de aplicar cuotas de recuperación por estos servicios.
El regulador también ha requerido que la empresa presente de forma periódica una lista detallada de las tarifas de sus productos, las localidades donde ofrece servicios y el número de usuarios a los que brinda conectividad en cada uno de estos lugares.
Hasta el momento, CFE Telecom ha mantenido una postura de negativa en cuanto a proporcionar información sobre su operación, argumentando que, al ser un "ente público", no está obligada a hacerlo, e incluso el propio IFT no tiene la autoridad para exigirle la entrega de dicha información.
El Instituto explicó que estos cambios responden tanto a una solicitud planteada por CFE Telecom como a la necesidad de fortalecer "las condiciones de transparencia y revisión que permitan identificar, prevenir, mitigar y, en su caso, corregir distorsiones en la competencia que puedan surgir en los mercados como resultado de su participación pública".
Desde hace dos años, la empresa estatal de telecomunicaciones ha comenzado a comercializar sus servicios con tarifas de recuperación, incluso en áreas donde previamente se le prohibía hacerlo según su título de concesión. Sin embargo, con las modificaciones recientes, la empresa podría ahora vender sus productos en dichas áreas.
La resolución del IFT llega en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma para que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se convierta en la entidad encargada de proporcionar servicios de internet en todo el país.
En el documento presentado al legislativo, López Obrador ha argumentado la necesidad de elevar el internet a un nivel constitucional, al considerarlo un servicio "estratégico para el Estado", al igual que la electricidad, con el fin de evitar que una parte de la población carezca de este recurso fundamental para la educación debido a limitaciones económicas.
Según lo informado por CFE Telecom en respuesta a una solicitud de transparencia hasta el 9 de enero del año pasado, la empresa había invertido alrededor de 6,146 millones de pesos, lo que representa el 98.6% del presupuesto asignado para el año 2022, que ascendía a 6,227 millones de pesos.
Además, la empresa reveló que hasta ese momento contaba con 6,493 usuarios en la modalidad de prepago, sin proporcionar detalles sobre si estos suscriptores residían efectivamente en zonas remotas donde aún no hay otro proveedor de servicios de conectividad.
Con información de Ana Luisa Gutiérrez
