Pero el problema de dichos precios, según expertos consultados por Expansión, estriba en la imposibilidad de ser replicados por empresas telefónicas de menor músculo financiero.
Esta situación es visible en los proyectos autogestivos de conectividad, que hasta hace poco se consideraban la única opción para que las comunidades indígenas accedieran a servicios de telecomunicaciones, pero con la llegada de algunos OMV, a través de Altán, y CFE Telecom el modelo de negocio de estas organizaciones ha empezado a tambalearse.
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.) es uno de estos proyectos de conectividad que comenzó a registrar una disminución en su base de usuarios y de ingresos desde 2022, cuando la estatal y Altán comenzaron a empujar su plan de cierre de brecha digital.
Una fuente de TIC A.C. anteriormente aseguró Expansión que, de las 19 comunidades que atiende esta telefónica, cuatro optaron por migrar a redes de los OMV como es el de CFE Telecom, debido a sus precios y a que la gente sabe que es un plan respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cerrar la brecha digital.
“Es difícil mantener una neutralidad de competencia cuando empresas estatales tienen el respaldo del gobierno y pueden desplegar tarifas que pueden parecernos más baratas, pero que al final son difíciles de igualar para los competidores, en especial para los más pequeños que pueden ver en riesgo su rentabilidad. Esto nos puede llevar a desincentivar la inversión y el despliegue de cobertura”, alertó Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
CFE Telecom tiene prohibido comercializar sus planes de telecomunicaciones en mercados que son atendidos por otros operadores, sin embargo, desde su entrada al mercado, la empresa subsidiaria de la CFE ha promovido sus servicios de conectividad en todo el país, incluidas entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, donde ya hay una alta concentración de operadores. También lo ha hecho en sitios en donde ya eran atendidos por empresas pequeñas.
Además, en febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó por decreto que CFE Telecom entregue servicios de conectividad gratuita a 4.2 millones de personas que se encuentran en zonas de atención prioritaria, así como para aquella población que está inscrita a los programas sociales de la 4T, los cuales hasta 2022 ya habían llegado a más de 25 millones de mexicanos y que incluso ya son atendidos por otras empresas de telecomunicaciones.
Jorge Moreno Loza, abogado de telecomunicaciones y titular del despacho de Expanzione, aseguró que Altán y CFE Telecomunicaciones han comenzado a distorsionar el mercado móvil del país y para evitar mayores afectaciones en operadores pequeños, el IFT debe revisar e investigar la operación de las compañías, puesto que se están alejando de su objetivo: cerrar la brecha digital por el de la competencia con los privados.
“El problema de las empresas como CFE Telecom y Altán lo vemos en varias industrias donde el Estado parece estar obsesionado con ser empresario dejando a un lado su regulación como pasa en las telecomunicaciones. Es necesario que se investigue lo que está pasando en el sector móvil porque el gobierno no ha entendido que ser operador de telefonía no sólo es desplegar o entregar un servicio donde ya existe”, dijo Moreno Loza.
Expansión solicitó postura a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos pero hasta la publicación de este texto no emitido comentarios.
