La aprobación de la reforma a la Ley Minera, el cambio legal que fue un paliativo para el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la negativa a la reforma constitucional en materia energética, se dio en el último momento del periodo legislativo de abril de 2023. Tras ello, los amparos por el cambio legal, impuestos por la iniciativa privada, comenzaron a llover en los juzgados.
Entre otras cosas, la reforma enviada desde Presidencia prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras en zonas donde haya baja disponibilidad de agua o en áreas naturales protegidas y la prohibición de minería submarina. También reduce el tiempo de las concesiones de 100 a 80 años y estipula que los pueblos indígenas deben recibir al menos 5% de las utilidades resultantes de la explotación minera.
Sólo algunas compañías han conseguido suspensiones provisionales o definitivas en lo individual, que han sido otorgadas por un juez de distrito. Las han conseguido sobre todo aquellas empresas que ya tenían en trámite un proceso para el otorgamiento de una concesión y que ha quedado truncado con los cambios contenidos en la iniciativa, que se gestó desde las organizaciones sociales, pero fue enviada desde presidencia.
A la par, hay una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por los partidos de minoría en el Congreso apenas unos días después de aprobada la reforma, con 66 votos a favor y un abstencionismo total de los partidos de oposición. La creación del proyecto al respecto ya ha sido turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, sin que hasta ahora se conozca la fecha para su presentación y discusión.
Mientras esto último no se lleve a cabo, la Ley de Minería –como se ha denominado ahora– se mantiene en firme, al menos sobre las compañías que no han logrado la obtención de un amparo.
