Pero el impacto varía según el tamaño de la empresa. Según el informe de #DataCoparmex, presentado por Juan José Cabrera, vicepresidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la patronal, mientras que las grandes empresas dedican en promedio 374 horas anuales a cumplir con los marcos regulatorios, las medianas empresas destinan 137 horas, las pequeñas 78 y las microempresas 39.
Para Cabrera este desbalance muestra cómo los requisitos excesivos y la falta de claridad en la información, proporcionada por los tres niveles de gobierno, afectan de manera desproporcionada a las micro y pequeñas empresas, que ya operan con márgenes de maniobra reducidos.
Ante este panorama, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, enfatizó la urgente necesidad de una reforma profunda en la cultura administrativa del país. "La simplificación y agilización de la burocracia requieren una transformación integral que incluya la adopción de enfoques centrados en el ciudadano, la transparencia en la gestión pública, la colaboración interinstitucional y la implementación de sistemas digitales eficientes y respetuosos de la privacidad de los datos". Sin estos cambios, advierte Campos, la carga burocrática seguirá siendo un obstáculo insuperable para muchas empresas, impidiendo que se concentren en lo que realmente importa: crecer y generar empleo.
El impacto de esta burocracia excesiva no se limita únicamente a los empresarios; sus efectos se extienden de manera importante al mercado laboral. La alta carga regulatoria desincentiva la formalización de negocios, empujando a muchos trabajadores hacia la economía informal, un problema persistente en el país.
En un contexto donde la informalidad laboral ya es un desafío constante, esta situación solo agrava las dificultades para crear empleos formales y bien remunerados. Además, el tiempo que los empresarios y sus empleados dedican a cumplir con trámites burocráticos podría ser mejor utilizado para mejorar las condiciones laborales, invertir en capacitación o expandir operaciones, acciones que contribuirían directamente a la creación de más y mejores empleos.
Durante la presentación del informe, se discutió cómo la falta de certidumbre jurídica, sumada a la posible desaparición de órganos reguladores autónomos, se perfila como uno de los mayores obstáculos para la inversión en México. Los ponentes están convencidos de que este entorno incierto afecta a las grandes empresas y a las micro y pequeñas, que, siendo el motor económico del país, se ven particularmente afectadas por la falta de claridad y estabilidad en las regulaciones.
"Una nueva regulación no debe traducirse en costos adicionales para las empresas, sino en trámites más sencillos y eficientes", afirmó Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la patronal. Asimismo, comentó que cualquier cambio regulatorio debe facilitar, no complicar, las operaciones empresariales.
El informe revela que las micro y pequeñas empresas de la región generan el 60% del empleo formal y aportan el 25% del PIB. No obstante, la imposición de cargas burocráticas desproporcionadas les impide generar valor a largo plazo y crea incentivos para la corrupción.
Este problema, aunque agudo en México, evidencia un desafío más amplio en la región, donde la burocracia actúa como un freno para el desarrollo económico y la creación de empleo. Para enfrentar estos desafíos, la patronal señaló que es imperativo que México adopte medidas concretas para simplificar los trámites y reducir la carga regulatoria sobre las empresas.
"La implementación de sistemas digitales eficientes y la transparencia en la gestión pública son claves para reducir la carga burocrática y mejorar la competitividad del país", concluyó Campos.
