Los abogados del mercado dicen que la reforma per se —como ha sido aprobada a nivel constitucional— no viola ninguno de los tratados. Pero el problema podría iniciar en la implementación y sobre todo, si se da predominancia a las dos compañías estatales a nivel legislativo y no sólo en la praxis, como ha sido hasta ahora.
“Lo que podría violar tratados comerciales es si se determina dar preminencia a las empresas públicas, eso sí podría ser violatorio. Por ejemplo, en el T-MEC, serían los artículos que también se citaron en las consultas en materia de energía”, dice Julia González Romero, abogada del sector en Pérez Llorca México.
Estados Unidos y Canadá ya se han quejado, en la solicitud de consulta a México, de que el gobierno del ex presidente López Obrador había realizado acciones de política pública para dar más poder de mercado a Pemex y CFE por encima de las compañías estadounidenses y canadienses que decidieron competir en el mercado.
La resolución sobre las consultas no han sido comunicadas, pero pese a ello, el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo decidió continuar con la reforma a nivel constitucional puesta sobre la mesa pública en febrero pasado.
“Podrían caer en contravención al T-MEC por dar prevalencia a la CFE sobre particulares y establecer restricciones para su participación, en la medida en que estos cambios representan una postura más restrictiva frente a inversión privada en electricidad y posiblemente hidrocarburos”, dice Bernardo Cortés, del despacho Cortés Quesada. “Otros tratados comerciales y/o de inversión pudieran también considerarse violados por favorecer a la CFE sobre otros”.
Los tratados firmados por México a nivel internacional contienen elementos de protección a inversionistas. Por ejemplo, en el T-MEC el gobierno mexicano se ha comprometido a no dar revés a la apertura de los mercados que ha decidido compartir con la iniciativa privada, a no discriminar a empresas extranjeras y a no dar beneficios a las compañías estatales. Pero la reforma, que fue aprobada sin problemas por la Cámara de Diputados y de Senadores, tiene justamente ese propósito. “Los efectos de la reforma a la luz de tratados tendrían que ser analizados a detalle una vez que se emita la legislación secundaria”, explica Cortés.
México tiene otros acuerdos comerciales que también podrían ser contrarios a lo que busca el gobierno en turno, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), que también establecen mecanismos de protección a inversionistas.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) indica en un documento que las posibles regulaciones secundarias que buscan priorizar a la CFE y a Pemex pueden violar los artículos 14 y 22 del T-MEC, entre otros.
El primero establece que un país no puede retroceder en su decisión de abrir su economía a la inversión extranjera, ni imponer restricciones o cerrar sectores que ha decidido aperturar de manera previa. Como en este caso, en el mercado energético. El capítulo 22 establece que las empresas estatales —en este caso, la CFE y Pemex— deben operar bajo criterios comerciales y que los organismos reguladores deben ser imparciales.
"La revisión del T-MEC, que tendrá lugar en 2026, obliga a México a estar preparado para defender la coherencia de sus políticas públicas con las disposiciones del mismo", ha citado el IMCO en el documento.
