En abril del 2022, López Obrador intentó hacer lo propio. Envió al Legislativo una reforma constitucional para reformar a las dos compañías estatales. También dejarían de ser denominadas como empresas productivas, pero en ese momento buscaban ser nombradas como organismos del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio. El intento no prosperó, pero la iniciativa de este momento daba más detalles. Por ejemplo, esta modificación implicaba la anulación de la separación legal de la CFE en seis subsidiarias y mantener la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales CFEnergía, CFE International y CFE Capital.
Hace dos años, ese cambio fue desechado. Pero ahora ya ha sido aprobado en las dos cámaras principales y está en vísperas de ser aprobado por los congresos locales. “Es verdad que retoma ciertos conceptos de la reforma constitucional en materia de energía que no se aprobó en 2022”, dice una abogada cercana a los procesos.
La reforma aprobada el jueves pasado en el Senado, después de pasar sin contratiempos por Diputados, tiene muy pocos detalles. Los analistas dicen que los verdaderos alcances se conocerán en 180 días, cuando se determine la regulación secundaria. Pero el cambio constitucional que fracasó en 2022 podría dar unas pistas de las modificaciones que vienen. En ese, por ejemplo, colocaba la estatal CFE como el principal rector de la política eléctrica, con atribuciones que incluso rebasarían a la Secretaría de Energía en cuanto al diseño de la política en la materia.
“Habrá que ver los detalles de la legislación secundaria, pero ya la reforma constitucional sí tiene las bases para que eso se haga”, dice Jesús Carrillo, del Instituto Mexicano de la Competitividad.
La reforma, que tendrá más impacto en la estatal Pemex que en CFE, según los analistas, ha omitido algunos puntos que habían sido considerados en el cambio constitucional que no fue aprobado en 2022, como la eliminación de las figuras de generador eléctrico, usuario calificado o suministrador o la desaparición de de los Certificados de Energías Limpias. Tampoco ha contemplado que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y que es el operador del mercado eléctrico, pierda su autonomía y pase a ser parte de la estatal mexicana. Esto último es quizá lo que más preocupa a los mercados porque podría definirse en una legislación secundaria, dicen los analistas entrevistados.
Quizá el triunfo más evidente para el obradorismo ha sido el hecho de que en la constitucional ha quedado plantado que la estatal CFE produzca al menos el 54% de la electricidad y que hasta un 46% por las empresas privadas dueñas de alguna central. “Fuera de que ya hay un porcentaje específico de privados y gobierno en el parque y la industria de generación, no hablan aún de las reglas de despacho”, dice Daniel Sánchez, del despacho Baker Mckenzie.
Uno de los constantes intentos del sexenio pasado se basó en modificar las reglas de despacho para que la electricidad producida por la CFE entrará primero al sistema sin importar sus costos de producción y la fuente de generación. La administración pasada buscaba dejar al final de la fila a la electricidad producida por compañías privadas, que mantienen en su portafolio a la mayoría de centrales eólicas y solares.
Sobre esto aún no hay pistas de un cambio, pero era un punto en el que el presidente López Obrador estaba de más interesado.
“En algunos casos es más profunda y en otros queda un poco más conservadora, Creo que podemos decir que si bien continúa el legado de AMLO, Claudia Sheinbaum le está poniendo su sello personal”, dice Paul Sánchez, un analista del sector. De añadir un cambio en el orden de despacho y priorizar a la electricidad producida por la CFE, Sheinbaum Pardo estaría dando revés a una de sus principales banderas, la de promover la transición energética y el uso de energías renovables.
