Para los analistas, las consecuencias de que ambas compañías se transformen en empresas públicas aún no quedan claras. Dicen que los detalles y su efecto en el mercado se conocerán con las reformas secundarias, que tardarían 180 días en ser publicadas tras la aprobación de la constitucional.
Pero, por ahora, algunos cambios ya han quedado claros. Por ejemplo, la separación de la CFE en filiales se omitiría. Aún no existe claridad sobre si esto mismo se aplicaría a Pemex. “Se incluyen objetivos esenciales de CFE, como responsabilidad social, garantía de continuidad y acceso al servicio de electricidad”, según explica un análisis del despacho Cortés Quesada.
Los cambios serían aplicados en el artículo 25, 27 y 28.
En el segundo de estos –en el 27– se delimitan dos cambios que podrían ser claves para el funcionamiento del mercado y es que se cancelan las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución de electricidad –un campo que ya estaba destinado en exclusiva al Estado– y se estipula que ninguna compañía privada tendrá prevalencia sobre las estatales CFE y Pemex.
Con esto último se establecería a nivel constitucional que la CFE tendrá el 56% del mercado de generación eléctrica, una premisa que tiene como origen el sexenio obradorista, pero que aún no era parte de ninguna legislación.
Otro de los cambios relevantes radica en sumar a los sectores de internet que provea el Estado y la industria del litio en como áreas estratégicas del Estado. El alcance de este punto aún es ambiguo, pero continúa con las premisas del sexenio obradorista de no otorgar más concesiones para la explotación del litio en ninguna de sus actividades productivas.
Este punto, ya había sido incluido en las reformas a la Ley Minera, pero ahora subiría a nivel constitucional. Y blindar a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la compañía diseñada durante el sexenio pasado y con la cual se buscaba llevar el servicio a sitios remotos.
