Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, enfatiza que “no podemos plantear como una dicotomía el tema de la innovación laboral y la protección social”. Argumenta que el desafío es encontrar esquemas que preserven la flexibilidad que buscan los trabajadores y la competitividad de las empresas, sin renunciar a derechos fundamentales como la jubilación o la atención médica.
Una economía en transformación
El auge de la economía colaborativa en México refleja un fenómeno global. Empresas como Uber, Rappi, Airbnb prosperan gracias a su capacidad para ofrecer servicios innovadores, apoyándose en una fuerza laboral que valora la flexibilidad. Sin embargo, esta misma flexibilidad implica desafíos para garantizar derechos básicos como acceso a pensiones, atención médica y otras prestaciones laborales.
A nivel mundial, países como Brasil y Colombia han avanzado en acuerdos que reconocen estas particularidades. En Colombia, por ejemplo, un proyecto de ley aprobado recientemente busca garantizar la seguridad social proporcional sin comprometer la independencia de los trabajadores. “Es un esquema que respeta la independencia de la actividad, pero la nutre de derechos básicos”, comenta Gastón Wrigh, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En México, un alto porcentaje de trabajadores en plataformas combina estas actividades con otros empleos. Según Wrigh, “la gran mayoría de los trabajadores en la economía colaborativa lo hacen como complemento de ingresos”. Esto exige un enfoque flexible que no los encasille en esquemas laborales rígidos, que podrían limitar su capacidad de trabajar en varias plataformas o actividades al mismo tiempo.
Por otro lado, existe un segmento más reducido que depende exclusivamente de este tipo de trabajo. Para estos casos, las propuestas actuales en México buscan garantizar una aportación proporcional al sistema de seguridad social. “El desafío es encontrar un equilibrio que no afecte los ingresos actuales de los repartidores y conductores, pero que les ofrezca garantías para el futuro”, explica Martín Martorell, VP de Public Affairs de Rappi.
Lecciones internacionales
El caso español, donde la llamada “Ley Riders” clasificó a todos los repartidores como empleados, es un ejemplo recurrente en estas discusiones. Según estudios, la aplicación de esta ley redujo los ingresos promedio de los trabajadores de plataformas de 3,000 a 1,500 euros mensuales. Además, provocó una disminución en la oferta de servicios y en la actividad comercial. “El caso de España es un ejemplo de cómo una regulación restrictiva puede destruir un sector económico”, advierte Wrigh.
A pesar de operar en un marco regulatorio ambiguo, los especialistas consultados defienden que la economía digital se considera formal. Los pagos electrónicos, el seguimiento de entregas y la contribución fiscal de empresas y trabajadores evidencian un nivel de formalidad. Sin embargo, como señala Echeverría, “es una actividad formal innovadora que requiere un marco regulatorio diferente, no solo actualizado”.
“Las economías de América Latina tienen altísimos niveles de informalidad. Regular las plataformas correctamente puede ser una herramienta para reducir esta problemática”, añade Gastón Wrigh.
El futuro del trabajo
El cambio tecnológico ha modificado las expectativas de la fuerza laboral, especialmente entre los millennials y la generación Z. Estas generaciones priorizan la flexibilidad y el control sobre sus horarios, prefiriendo trabajos que se adapten a su estilo de vida. Este fenómeno no se limita a las plataformas de delivery o transporte; también se extiende al comercio electrónico y a otras industrias digitales.
El reto para México, como para otros países, es establecer un marco regulatorio que combine la flexibilidad de las plataformas con la seguridad de los trabajadores. Esto requerirá una nueva perspectiva que reconozca las particularidades de la economía digital, evitando las clasificaciones binarias tradicionales.
El gobierno mexicano, junto con las plataformas y los trabajadores, ha mostrado disposición al diálogo. “Confiamos en que las conversaciones actuales conducirán a un marco propio y adecuado para México”, dice Martorell. Las experiencias internacionales indican que la clave está en la colaboración y el diseño de soluciones personalizadas que permitan el crecimiento del sector sin descuidar los derechos laborales.
